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AGENCIAS

Ciudad de México.- México obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional promovido por dos fondos de inversión de Estados Unidos vinculados con acreedores de TV Azteca, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, determinó que no tiene jurisdicción para resolver la demanda presentada contra el Estado mexicano.

El procedimiento fue iniciado en 2023 por Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, que reclamaban una indemnización superior a 219 millones de dólares al amparo del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los fondos argumentaban que resoluciones emitidas por tribunales de la Ciudad de México afectaron sus inversiones relacionadas con bonos de deuda emitidos por TV Azteca.

Sin embargo, el tribunal arbitral resolvió el pasado 30 de julio que ambos fondos no pueden ser considerados inversionistas protegidos ni cuentan con una inversión amparada por el TLCAN, por lo que desestimó completamente la demanda al carecer de competencia para conocer el caso.

La Secretaría de Economía informó que, además de rechazar la reclamación, el CIADI ordenó a los demandantes cubrir una parte importante de los gastos y costos del arbitraje a favor del Estado mexicano, aunque el monto aún no ha sido revelado debido a que el laudo continúa en proceso de revisión.

El conflicto se originó tras el incumplimiento de TV Azteca, empresa de Grupo Salinas, en el pago de bonos internacionales por 400 millones de dólares emitidos en 2017. Desde 2021, la televisora suspendió los pagos argumentando los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, lo que derivó en acciones legales por parte de acreedores que reclamaban alrededor de 480 millones de dólares.

Los fondos estadounidenses acusaban que decisiones del Poder Judicial mexicano les ocasionaron pérdidas y pretendían responsabilizar al Gobierno de México por una supuesta denegación de justicia. No obstante, el CIADI concluyó que el litigio corresponde exclusivamente a una disputa entre particulares y no genera responsabilidad para el Estado mexicano.

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