AGENCIA
Ciudad de México.- Un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama provocó un prolongado enfrentamiento en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que seis ministros rechazaran su propuesta para establecer que el plazo de dos años para reclamar una indemnización por negligencia médica comenzara a correr desde la expedición del acta de defunción, incluso cuando los familiares desconocieran las verdaderas causas de la muerte.
La controversia exhibió las diferencias entre los integrantes del máximo tribunal y puso en entredicho el criterio defendido por Batres, quien pretendía mantener una interpretación que podía dejar a familiares sin posibilidad de reclamar una reparación económica antes de conocer que la muerte de una persona fue consecuencia de una presunta negligencia médica.
El caso corresponde al amparo directo en revisión 5740/2025, promovido por los familiares de una mujer que falleció en un hospital del ISSSTE a consecuencia de una infección bacteriana presuntamente provocada por la deficiente esterilización del ventilador que le fue colocado durante su atención médica. La víctima dejó tres hijos.
La familia solicitó una indemnización al Estado, pero la reclamación fue rechazada bajo el argumento de que había transcurrido el plazo legal de dos años desde la expedición del acta de defunción. Los afectados señalaron que conocieron la posible negligencia médica varios meses después del fallecimiento.
Pese a ello, el proyecto de Batres proponía que el plazo comenzara al día siguiente de que los familiares tuvieran en su poder el acta de defunción, sin que fuera determinante cuándo descubrieron las causas reales de la muerte.
La propuesta fue rechazada por seis ministros, quienes defendieron una interpretación que permita contar el plazo a partir de que los familiares conozcan las posibles consecuencias del daño y la presunta responsabilidad médica.
El ministro Arístides Guerrero García cuestionó el criterio de Batres y sostuvo que debe privilegiarse la interpretación más favorable para las víctimas, pues no resulta razonable exigir una reclamación cuando todavía se desconoce que existió una posible negligencia.
La discusión también dejó al descubierto un problema de conducción de las sesiones. Durante casi dos horas, las intervenciones, cambios de postura y nuevas votaciones prolongaron el debate, al grado de que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, reprochó la dinámica del pleno.
“La tolerancia de la Presidencia genera abundancia en el debate”, expresó, para después reconocer que, aunque discutir es útil, en ocasiones resulta cansado.
La tensión aumentó cuando Batres solicitó repetir una votación después de que los votos ya habían sido contabilizados e incluso intentó modificar el sentido del suyo. Aguilar Ortiz pidió a los integrantes del pleno mayor precisión y seriedad para evitar confusiones en los resultados.
Finalmente, por ocho votos, la Corte validó el plazo legal de dos años para reclamar indemnizaciones al Estado, pero seis ministros rechazaron que este comenzara automáticamente con la expedición del acta de defunción.
El episodio deja cuestionamientos sobre el criterio jurídico impulsado por Batres, pues en un asunto relacionado con la muerte de una mujer y los derechos de sus tres hijos, su propuesta privilegiaba una fecha administrativa sobre el momento en que los familiares pudieron conocer la presunta negligencia.
La discusión también evidenció las dificultades para alcanzar acuerdos dentro de la nueva integración de la Suprema Corte, donde las diferencias entre ministros terminaron convirtiendo la resolución de un caso de responsabilidad médica en un prolongado enfrentamiento público.
A la ministra de “vecindad” deberían declararla impedida en el caso, por por su parentesco con el director del ISSTE.
Y se proclama la ministra del pueblo, sus hechos dicen más que mil palabras, está supuesta ministra con sus más de 80 asesores y su maestría y doctorado cursados en 2 años, se ve que a leguas que ni así tiene la capacidad de serlo. Debería de tener vergüenza y renunciar a su puesto como lo hizo la corrupta del INE Taddei.
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