AGENCIA
Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por atribuir a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de la Beca Rita Cetina a los estudiantes, al señalar que los recursos de los programas sociales provienen de los impuestos de los mexicanos y no del dinero personal de ningún funcionario.
La legisladora consideró que utilizar el nombre de la presidenta para presentar un apoyo financiado con recursos públicos podría ser contrario a la Constitución y cuestionó que un mensaje de ese tipo haya sido elaborado y difundido desde una dependencia federal.
López Rabadán sostuvo que los programas sociales no deben presentarse como dádivas personales de los gobernantes, debido a que los recursos utilizados para financiarlos forman parte del presupuesto público y provienen de la recaudación fiscal.
“La palabra evidentemente ilegal o que va contra la Constitución, pues es evidentemente la referencia al presidente”, expresó la legisladora, al insistir en que los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos.
El señalamiento surgió después de que Mario Delgado difundiera un video relacionado con la Beca Rita Cetina, en el que afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “les envía” este apoyo económico a los estudiantes.
El mensaje generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que un programa financiado con recursos públicos fuera presentado como un beneficio enviado directamente por la mandataria.
La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y está dirigida a estudiantes de educación básica, con el propósito de apoyar económicamente a las familias y contribuir a que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios.
La presidenta de la Cámara de Diputados insistió en que la comunicación oficial debe evitar cualquier mensaje que pueda generar la percepción de que los apoyos sociales son otorgados con recursos personales de la presidenta o de cualquier otro funcionario.
El caso abrió nuevamente el debate sobre el uso del nombre y la imagen de servidores públicos en la promoción de programas gubernamentales, así como sobre los límites constitucionales para la difusión de propaganda relacionada con acciones financiadas con recursos del erario.
