De la redacción
El Buen Tono

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, estaría siendo investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con información difundida por el semanario ZETA y la filtración de cuatro audios de conversaciones relacionadas con el caso.

El más reciente de los audios, difundido el pasado 11 de agosto por el comunicador Gildo Garza y posteriormente transmitido en el noticiero de Azucena Uresti, revela que a la mandataria estatal le habría sido planteada una última alternativa para cooperar con autoridades estadounidenses.

Durante la conversación, un agente estadounidense le recomienda reunirse con su abogado y preparar una “proffer letter”, documento mediante el cual una persona investigada puede proporcionar información a fiscales bajo determinadas condiciones de protección respecto al uso de esa información en un eventual proceso.

“Esta es la última oportunidad”, se escucha decir al intermediario durante la llamada, quien explica que las agencias estadounidenses ya no querían continuar hablando directamente con la gobernadora porque consideraban que habían perdido tiempo.

Marina del Pilar cuestiona entonces de qué delitos se trataba. El agente estadounidense responde que no podía revelar esa información durante la conversación, por lo que el intermediario le señala que el abogado Michael Nadler tendría que explicarle la situación y orientarla sobre los pasos a seguir.

El agente recomienda posteriormente preparar la llamada “proffer letter”, una carta en la que se establecerían los temas sobre los cuales la gobernadora estaría dispuesta a hablar y la información que podría proporcionar a las autoridades.

La difusión de este cuarto audio se suma a otros tres que habían sido publicados previamente por el periodista Héctor de Mauleón.

En el primero, difundido el 21 de junio, Marina del Pilar reconoce haber contratado como asesor al abogado Michael Nadler, exfiscal de Florida especializado en asuntos relacionados con corrupción, crimen y lavado de dinero. También refiere que había tenido reuniones con agencias estadounidenses.

En el segundo audio, publicado el 13 de julio, la gobernadora menciona reuniones con agentes estadounidenses y con integrantes del Departamento de Justicia en San Diego. En esa conversación incluso manifiesta su disposición a colaborar y pregunta qué información específica podrían requerirle.

El tercer audio, difundido el 27 de julio, hace referencia a otra asesoría que la mandataria habría buscado con una persona identificada como Juan Sandoval, a quien señala como exagente de la CIA.

A estos elementos se suma la información que, según ZETA, fue confirmada con contactos en Estados Unidos. De acuerdo con esa publicación, la investigación abarcaría a Marina del Pilar, su exesposo Carlos Torres Torres y otras personas, bajo una indagatoria relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La información señala que las investigaciones continúan para determinar qué cargos podrían ser aplicados contra los involucrados.

El caso se hizo público desde mayo, cuando Marina del Pilar informó que autoridades estadounidenses habían revocado su visa de turista. En ese momento sostuvo que se trataba de un asunto administrativo.

Sin embargo, las posteriores filtraciones de audios muestran que la gobernadora había tenido contacto con abogados, intermediarios y agentes estadounidenses para intentar conocer el alcance de la situación y resolver el problema.

El secretario particular de la gobernadora, Jesús Romandía, aseguró a ZETA que Marina del Pilar no firmó ningún documento relacionado con una “proffer letter”.

La mandataria también ha sostenido que los audios fueron sacados de contexto y que fue víctima de una “emboscada psicológica”. Además, ha señalado al exgobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable de lo que considera una operación en su contra.

Hasta ahora, el contenido de las grabaciones y las versiones sobre la investigación mantienen abierto el cuestionamiento sobre el verdadero alcance de las indagatorias estadounidenses y sobre si podrían derivar en cargos contra la gobernadora, su exesposo u otras personas.