De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.-El caso de la sucursal 103 de Banamex y otras en Córdoba y Fortín es la prueba más reciente de un nuevo desamparo laboral que enfrentan los trabajadores mexicanos tras la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La reforma laboral de 2019 prometía justicia pronta y expedita. Pero el caso de al menos 20 empleados suspendidos en febrero de 2026, investigados durante meses y finalmente despedidos sin liquidación —a pesar de que las auditorías los exoneraron—, demuestra que el nuevo sistema sigue siendo un coladero para los abusos de la patronal.
El 17 de febrero de 2026, la sucursal 103 de Banamex en Córdoba amaneció bajo investigación interna por el robo de más de 40 millones de pesos. Los 20 empleados fueron suspendidos con goce de sueldo y sometidos a interrogatorios. Tres meses después, el banco determinó que los únicos responsables eran dos administradores, despedidos desde el día de la investigación. Sin embargo, el 1 de junio, el resto del personal fue citado a la gerencia y, vía videollamada, recibió la noticia de la rescisión de su contrato sin goce de liquidación.
Aunque la investigación demostró su inocencia, el simple hecho de haber realizado actividades normales, como facturación y uso de claves, fue suficiente para correrlos. Los trabajadores que se negaron a firmar el finiquito reducido enfrentaron presión directa de Relaciones Laborales, que los intimidó con un proceso penal de larga duración.
Los afectados acudieron al Centro de Conciliación Laboral (CECOL), pero la conciliación no procedió. La resolución fue adversa para los trabajadores. El desenlace fue la rendición: firmaron lo que Banamex les ofreció, por temor a un juicio interminable y ante la falta de recursos.
La revelación más grave es que los trabajadores que se atrevieron a denunciar fueron boletinados. Esa práctica, que se creía extinta, ha resurgido con fuerza. Los exempleados aseguran que, tras el conflicto, han sido excluidos del mercado laboral. La mecánica es clara: el boletín opera como una lista negra que impide a los trabajadores reclamantes encontrar empleo en el sector financiero.
Mientras tanto, los dos administradores responsables del desfalco, según los exempleados, “andan normales”. Los trabajadores inocentes fueron los únicos castigados.
