AGENCIA
Ciudad de México.- Los delitos cometidos por servidores públicos registraron un incremento promedio mensual de 7.2 por ciento durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre enero y junio de este año se contabilizaron 2 mil 396 casos, lo que representa un promedio de alrededor de 400 delitos mensuales. En 2025 se registraron 4 mil 472 casos durante todo el año, con un promedio de 373 mensuales.
El aumento se registra en un contexto de mayor presión de las autoridades contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con actos de corrupción, delincuencia organizada, extorsión, desvío de recursos y redes vinculadas al llamado huachicol fiscal.
Operación Enjambre intensifica investigaciones
El repunte también coincide con el fortalecimiento de las investigaciones realizadas mediante la denominada Operación Enjambre, principalmente en el Estado de México y Morelos, donde autoridades han ejecutado órdenes de aprehensión contra alcaldes, regidores, policías y otros funcionarios.
Las investigaciones también han alcanzado a exfuncionarios relacionados con casos de desaparición forzada, como las indagatorias derivadas de Ayotzinapa, así como presuntos desvíos en Petróleos Mexicanos y redes dedicadas al contrabando de combustibles.
Durante el primer semestre, las entidades con mayor número de casos reportados fueron la Ciudad de México, con 469; Estado de México, con 179; Coahuila, con 139; Durango, con 126; Oaxaca, con 124; Nuevo León, con 106, y Morelos, con 93.
Entre las conductas que contempla el Código Penal Federal para servidores públicos se encuentran el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Más de 80 funcionarios detenidos
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las denuncias ciudadanas pueden contribuir al inicio de investigaciones cuando existen elementos de prueba y, posteriormente, las autoridades pueden solicitar órdenes judiciales para detener a los presuntos responsables.
Al referirse a la Operación Enjambre, la mandataria informó que más de 80 funcionarios públicos municipales han sido detenidos como resultado de estas investigaciones.
En el Estado de México, durante junio fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Educación estatal señalados por su presunta participación en una red dedicada a la venta y simulación de plazas docentes.
En Morelos, las investigaciones llevaron a la detención de Jesús “N”, exalcalde de Cuautla, quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y extorsión, además de ser investigado por otros delitos.
También fueron detenidos Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, e Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, señalados por delincuencia organizada y extorsión.
A estos casos se suman Patricia “N”, regidora de Amacuzac, y Alejandro Bladimir “N”, tesorero municipal, quienes fueron relacionados por las autoridades con una estructura criminal presuntamente vinculada con La Familia Michoacana.
Exgobernadores también enfrentan procesos
Las investigaciones de 2026 también han alcanzado a exgobernadores y exfuncionarios de distintos niveles de gobierno.
Entre los casos se encuentra Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, quien fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva por presunta desaparición forzada y obstrucción de la justicia dentro de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa.
También figura Roberto “N”, exgobernador de Nayarit, quien enfrenta un proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.
En Baja California, los exgobernadores Ernesto “N” y Jaime “N” enfrentan procesos distintos por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
En el ámbito federal, José Alfredo “N”, exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, fue vinculado a proceso por presuntas irregularidades relacionadas con contratos por 11.1 millones de pesos.
El avance de las investigaciones evidencia un mayor número de procesos contra servidores públicos, aunque la vinculación a proceso o una detención no implica que los acusados sean culpables, pues su responsabilidad deberá determinarse mediante las resoluciones correspondientes.
El incremento de estos delitos también plantea un desafío para las instituciones: no basta con detener funcionarios cuando las irregularidades ya fueron cometidas. El verdadero reto está en fortalecer los controles, prevenir la corrupción y garantizar que los recursos públicos no terminen alimentando redes de complicidad política o criminal.
