AGENCIA
Ciudad de México.- Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizar una operación para detener y trasladar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A través de una publicación en X, Maltz afirmó que Rocha Moya debe rendir cuentas por sus acciones y cuestionó que políticos presuntamente corruptos puedan brindar apoyo a organizaciones criminales. En el mismo mensaje, pidió a Harfuch intervenir para que el mandatario sinaloense enfrente a la justicia estadounidense.
El pronunciamiento ocurre luego de que Rocha Moya retomara sus funciones como gobernador de Sinaloa, tras permanecer 112 días separado del cargo. Su regreso generó nuevas reacciones políticas y volvió a colocar bajo escrutinio los señalamientos realizados desde Estados Unidos.
Rocha Moya ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa y posibles delitos relacionados con el tráfico de drogas. El gobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen elementos que acrediten su responsabilidad penal.
Maltz ya había cuestionado anteriormente al mandatario sinaloense y solicitado acciones contra funcionarios relacionados con las investigaciones. Sin embargo, actualmente no encabeza la DEA, por lo que su publicación constituye un posicionamiento público y no una orden de captura emitida por el gobierno estadounidense.
El caso mantiene la presión política sobre Rocha Moya, mientras continúan las investigaciones y el debate sobre su permanencia al frente del gobierno de Sinaloa.
El llamado de Derek Maltz vuelve a colocar a Rubén Rocha Moya en el centro de una controversia que trasciende las fronteras. Más allá de las declaraciones políticas, lo fundamental es que cualquier señalamiento sea investigado con seriedad y que, si existen elementos de prueba, se proceda conforme a derecho. La ciudadanía merece claridad y no discursos que evadan las acusaciones.
El regreso de Rocha Moya a la gubernatura, acompañado ahora por una petición pública de un exfuncionario de la DEA para que sea detenido y llevado a Estados Unidos, aumenta la presión sobre su administración. El gobernador sostiene su inocencia, pero mientras las investigaciones continúen abiertas, las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de esclarecer los señalamientos y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
