De la Redacción
El Buen Tono
Chocamán.- Lo que comenzó como un conflicto por el módulo de cobro del servicio de energía eléctrica terminó por trascender al terreno de lo político.
Lo anterior, luego de que un particular acusara al ayuntamiento que encabeza María Isabel Figueroa Luna, de utilizar la estructura municipal para intentar retirarlo de un espacio en el que, aseguró, trabajó durante años sin problemas.
A través de una denuncia ciudadana, el afectado sostuvo que las acciones que la autoridad emprendió en su contra tienen un trasfondo político y personal.
Afirmó que se negó a respaldar a la ahora presidenta durante su campaña en busca del voto de los pobladores.
De acuerdo con su versión, desde entonces la administración habría intentado en varias ocasiones conseguir la rescisión de su contrato de prestación de servicios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin lograrlo.
El denunciante afirmó que el conflicto llegó al Palacio Municipal el pasado 28 de junio, cuando el esposo de la alcaldesa, acompañado de elementos de la fuerza pública, retiró el equipo que utiliza para el cobro del servicio que se encontraba instalado en el arco del inmueble.
Refirió que posteriormente trasladó el módulo a una propiedad particular, luego de que se le negara continuar utilizando el salón anexo del Palacio con el argumento de que sería sometido a mantenimiento, “la obra hasta ahora se mantiene sin comenzar”.
El ciudadano consideró que detrás de dichas acciones existe una disputa política que lo afecta en sus funciones.
Acusó a la administración municipal de emprender una campaña de desprestigio en su contra.
También emitió acusaciones sobre el manejo de los recursos municipales, pero sin aportar pruebas, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar si existe alguna irregularidad.
Independientemente del conflicto personal, el caso exhibe un escenario poco alentador para Chocamán, un gobierno municipal envuelto en confrontaciones, acusaciones de represalias y disputas por espacios públicos, mientras los ciudadanos terminan observando desde afuera una confrontación que debería resolverse por las vías institucionales.
El denunciante incluso manifestó temor por su seguridad y anticipó que podrían surgir ataques desde perfiles anónimos o falsos vinculados a grupos de redes sociales cercanos a las autoridades locales en turno.
Por ahora, el problema continúa abierto y con una advertencia política incluida, debido a que el ciudadano manifestó que las diferencias seguirán y que será en 2027 cuando se vean las consecuencias electorales de tales confrontaciones con la funcionaria.
