La columna de Raymundo Riva Palacio sostiene que el senador Adán Augusto López Hernández enfrenta una creciente presión de autoridades estadounidenses, mientras en México avanzan investigaciones que presuntamente alcanzan a su entorno político y familiar.
AGENCIAS
MÉXICO.- La presión sobre el senador Adán Augusto López Hernández se intensifica, de acuerdo con la columna “El termómetro de Adán Augusto”, publicada por Raymundo Riva Palacio en El Financiero. El periodista señala que autoridades de Estados Unidos han tomado medidas contra bienes y activos presuntamente relacionados con el senador y su entorno, además de que Washington habría solicitado información a Francia sobre propiedades y cuentas vinculadas con él.
Según la columna, en México también existen investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) que presuntamente involucran a personas y empresas relacionadas con el círculo político y familiar de López Hernández. Entre los señalamientos se encuentran investigaciones sobre notarías de él y su hermano Melchor, así como compañías que, de acuerdo con el texto, podrían estar relacionadas con operaciones financieras de procedencia ilícita.
Uno de los casos mencionados corresponde a Baja California Sur, donde presuntamente se investigan seis empresas vinculadas con el exgobernador Narciso Agúndez Montaño y su hijo Christian Agúndez Gómez. La columna plantea que estas compañías tendrían conexiones con operadores políticos cercanos a López Hernández y que habrían sido utilizadas para canalizar recursos relacionados con proyectos electorales en la entidad.
Riva Palacio también sostiene que el escenario político en Baja California Sur, Quintana Roo y Chihuahua refleja una disputa interna dentro de Morena entre grupos identificados con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sectores cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente de cara a la definición de candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.
En el caso de Quintana Roo, el periodista señala al general Audomaro Martínez como uno de los operadores vinculados al grupo de López Hernández y sostiene que estaría involucrado en acciones políticas contra la gobernadora Mara Lezama. En Baja California Sur, menciona a Leonel Cota Montaño y a otros operadores políticos como parte de las estructuras que buscarían influir en la sucesión estatal.
La columna también hace referencia a investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales. En ese contexto, se menciona el congelamiento de recursos atribuido por el autor al Departamento de Estado y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aunque los señalamientos forman parte de la argumentación y fuentes citadas por el propio columnista y no equivalen, por sí mismos, a una resolución judicial contra el senador.
Otro elemento señalado es la declaración del abogado Epigmenio Mendieta, representante legal del excontralmirante Fernando Farías Laguna, quien habría afirmado que Adán Augusto López Hernández y Andrés López Beltrán fueron mencionados por testigos dentro de investigaciones relacionadas con operaciones y recintos fiscales. Se trata igualmente de señalamientos atribuidos a terceros, no de una determinación judicial de responsabilidad.
El texto plantea que la situación de López Hernández podría complicarse en medio de la lucha interna por el control político de Morena. La definición de candidaturas para las elecciones de 2027, particularmente en entidades consideradas estratégicas, podría aumentar las tensiones entre los grupos identificados con el obradorismo y el actual gobierno federal.
La columna concluye que, hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha deslindado públicamente de López Hernández, pero plantea que un eventual distanciamiento político podría modificar el escenario y reducir el costo político que los señalamientos representan para su gobierno.
Cabe señalar que las acusaciones y presuntos vínculos descritos corresponden a la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio y deberán distinguirse de hechos acreditados mediante resoluciones judiciales o investigaciones oficialmente concluidas.
