AGENCIA
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar “O”, identificado en investigaciones periodísticas como presunto operador de una red empresarial relacionada con Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. La acusación federal está vinculada con un supuesto esquema de delincuencia organizada y contrabando de combustible conocido como “huachicol fiscal”.
De acuerdo con fuentes judiciales un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, Estado de México, concedió la orden solicitada por la FGR por el delito de delincuencia organizada.
El caso tiene como uno de sus principales ejes a Portacelis Gas and Oil, empresa dedicada a la importación de hidrocarburos y relacionada con la estructura empresarial de Amílcar Olán. Según información derivada de registros aduanales y análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía habría declarado ante las autoridades el ingreso de 6.68 millones de litros de diésel entre febrero y junio de 2025.
Sin embargo, controles volumétricos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) habrían detectado que durante ese mismo periodo ingresaron al país cerca de 90 millones de litros de combustible. La diferencia implicaría que solamente se habría declarado alrededor de 7 por ciento (%) del volumen estimado.
La presunta subdeclaración habría provocado una omisión fiscal calculada en aproximadamente 834 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA.
El expediente también señala que Portacelis contaba con autorización de la Secretaría de Energía para importar hasta 52 millones de litros de diésel, mientras que el volumen estimado por el SAT habría superado ese límite en aproximadamente 73%.
Las investigaciones además han puesto bajo la lupa la estructura corporativa de la compañía. Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador que previamente habría trabajado con Olán en Euroceramic, apareció inicialmente como administrador único de Portacelis. Posteriormente, los registros fiscales de la empresa fueron modificados para vincularlos con otra persona.
Ante las irregularidades detectadas en los controles volumétricos, el SAT restringió y posteriormente canceló los Certificados de Sello Digital de Portacelis. La empresa impugnó la medida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero una Sala Regional de Tabasco confirmó en enero de 2026 la actuación de la autoridad fiscal.
La investigación también alcanza otras operaciones empresariales y presuntos vínculos políticos. Grabaciones difundidas por Latinus y retomadas por otros medios atribuyeron a Olán declaraciones sobre una supuesta entrega de dinero para la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda a la gubernatura de Baja California en 2021. La mandataria no confirmó la acusación y sostuvo que cualquier financiamiento electoral recibido debía encontrarse declarado ante las autoridades correspondientes.
A estos señalamientos se suman investigaciones periodísticas sobre contratos públicos y operaciones inmobiliarias. De acuerdo con las publicaciones citadas, empresas relacionadas con personas del entorno empresarial de Olán habrían obtenido contratos millonarios en el sector salud, mientras que el empresario habría recibido recursos por el arrendamiento de inmuebles al Poder Judicial en Villahermosa.
La orden de aprehensión representa un nuevo paso en las investigaciones federales contra la estructura empresarial atribuida a Jorge Amílcar “O”, quien ahora deberá responder ante la justicia por las acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y el presunto contrabando de hidrocarburos.
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