AGENCIA
Ciudad de México.- El Gobierno federal avanza hacia la eliminación del efectivo en gasolineras y casetas de cobro como parte de su estrategia de digitalización de la economía, una medida que ha generado cuestionamientos por el riesgo de dejar en desventaja a ciudadanos que no cuentan con tarjetas bancarias, teléfonos inteligentes o acceso constante a servicios digitales.
La iniciativa de Ley de Economía Digital, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, plantea otorgar facultades para determinar en qué actividades podrá restringirse o prohibirse el uso de dinero en efectivo.
De aprobarse la legislación, las autoridades correspondientes tendrían un plazo de 15 días después de su entrada en vigor para definir los sectores y giros en los que podría limitarse el uso de dinero físico.
El Gobierno federal ha defendido la transición hacia los pagos electrónicos con argumentos relacionados con la seguridad, la facilidad para realizar operaciones y la reducción del manejo de efectivo. Sin embargo, el cambio también abre una interrogante: ¿qué ocurrirá con quienes no tienen tarjeta bancaria o no pueden realizar pagos mediante aplicaciones y códigos QR?
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señalan que al segundo trimestre de 2026 circulaban 146.9 millones de tarjetas de débito y 47.07 millones de crédito. Aunque estas cifras reflejan una amplia penetración de los medios de pago bancarios, no significan que todos los ciudadanos tengan acceso efectivo a ellos ni que puedan utilizarlos en cualquier circunstancia.
La situación puede ser particularmente complicada para personas que no cuentan con una cuenta bancaria, adultos mayores, habitantes de zonas con problemas de conectividad o ciudadanos que dependen exclusivamente del efectivo para sus gastos cotidianos.
El proyecto contempla diversos mecanismos electrónicos, entre ellos tarjetas, códigos QR, CoDi y dispositivos de telepeaje en las casetas. La intención oficial es que los usuarios dispongan de varias alternativas y no dependan exclusivamente de una tarjeta o un tag.
No obstante, la digitalización no elimina automáticamente las desigualdades de acceso. Una falla de internet, un teléfono sin batería, problemas con una terminal bancaria o la falta de una cuenta pueden convertir un pago cotidiano en un problema para el ciudadano.
El propio sector financiero reconoce que todavía existen puntos con dificultades de cobertura, aunque se asegura que son casos específicos que están siendo atendidos.
En México existen actualmente 13 mil 46 gasolineras, mientras que las 129 plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales cuentan con telepeaje en sus mil 50 carriles.
La discusión, por tanto, no se limita a si los pagos digitales son más rápidos o seguros. También implica determinar si una política pública puede restringir un medio de pago que todavía utilizan millones de mexicanos sin garantizar previamente alternativas accesibles para toda la población.
Digitalizar los servicios puede facilitar muchas operaciones, pero convertir esa transición en una obligación sin contemplar a quienes viven fuera del sistema financiero o digital puede terminar trasladando el costo de la modernización al ciudadano.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla: si el Gobierno quiere eliminar el efectivo, ¿qué alternativa ofrecerá a quienes simplemente no pueden pagar de otra manera?
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