Empresarios exigen liquidar pasivos y reclaman condiciones de competencia frente a proveedores extranjeros
De la Redacción
El Buen Tono
México.- El Gobierno federal reconoce un adeudo conciliado de 110.8 mil millones de pesos con la industria farmacéutica al 30 de junio de 2026, correspondiente a facturas pendientes por adquisiciones y servicios proporcionados a instituciones públicas de salud.
El monto quedó asentado en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y, de acuerdo con información publicada por El Universal, equivale a alrededor de 63 por ciento del presupuesto proyectado para el IMSS-Bienestar en 2026. El propio informe señala que parte de los pasivos corresponde a procesos de licitación realizados desde 2023.
Ante este escenario, representantes de la industria farmacéutica y de otros sectores relacionados con el suministro hospitalario solicitaron al Gobierno federal acelerar la liquidación de los adeudos y establecer condiciones de competencia que, a su consideración, permitan fortalecer la producción nacional.
Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), pidió atender los pagos pendientes y mantener una política que impulse a la industria mexicana.
A estas exigencias se sumaron representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos, la Cámara Nacional de la Industria Textil y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Reclaman condiciones de competencia
Además del pago de los adeudos, representantes empresariales cuestionaron las condiciones de algunas licitaciones para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos.
Los industriales señalaron que en determinados procesos participan empresas de India y China y afirmaron que algunos proveedores extranjeros pueden ofrecer precios menores debido a subsidios existentes en sus países de origen.
También sostuvieron que se han registrado problemas relacionados con tiempos de entrega y certificaciones sanitarias. Estas afirmaciones corresponden a los representantes empresariales y deberán contrastarse con la información de las autoridades y los procesos de contratación respectivos.
La Concamin planteó que se establezcan condiciones de “cancha pareja” para los participantes en las compras públicas y solicitó revisar la participación de empresas provenientes de países sin tratado de libre comercio con México.
Industria nacional enfrenta presión
El reclamo ocurre mientras el sector farmacéutico enfrenta presiones sobre su actividad productiva y financiera.
Los empresarios sostienen que el retraso en los pagos gubernamentales afecta el flujo de recursos de las compañías que participan en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos, mientras que la apertura de contratos a proveedores extranjeros incrementa la competencia por las compras del sector público.
Por ello, las organizaciones empresariales pidieron que las adquisiciones gubernamentales sean utilizadas también como mecanismo para fortalecer la producción nacional, preservar empleos e incentivar inversiones en plantas y cadenas de suministro establecidas en México.
El debate coloca nuevamente en el centro la situación financiera del sistema público de salud: por un lado, el Gobierno debe atender los pasivos acumulados con proveedores y, por otro, debe garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos para hospitales y unidades médicas.
El monto de 110.8 mil millones de pesos representa uno de los principales pendientes señalados por la industria y plantea la necesidad de conocer cómo se programará su liquidación y qué impacto tendrá en las compras públicas de medicamentos durante los próximos ejercicios.
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