EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- La regidora cuarta exige informes para eventos públicos mientras la comisión de transparencia que preside acumula al menos 191 recursos de revisión, 53 de ellos admitidos y 79 ya resueltos en favor de los ciudadanos.
El Comité de Transparencia reservó por cuatro años la cartografía catastral, blindó el fideicomiso de parquímetros y clasificó como confidenciales facturas, bitácoras de combustible, pólizas de seguro y hasta las declaraciones patrimoniales de policías y tránsitos. Su omisión no es casual: es la comparsa silenciosa de las maniobras financieras de Manuel Alonso Cerezo.
Recientemente Itzel López González declaró que “la transparencia no debe ser un discurso, sino una práctica permanente”. Pidió que cada evento público del Ayuntamiento se acompañe de informes con origen de recursos, permisos, logística, impacto social y ambiental. La propuesta, en el papel, es impecable.
En los hechos, es la confesión de una omisión.
Porque la misma regidora que hoy exige informes para eventos públicos preside la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Córdoba, la instancia política que debería vigilar que el gobierno municipal no esconda nada. Y en lo que va de 2026, ese gobierno acumula 191 recursos de revisión ante la Contraloría General del Estado y el IVAI. De ellos, 53 fueron admitidos y 79 ya fueron resueltos, en su mayoría en favor del ciudadano. 41 están contestados, 11 por notificar, 3 en cierre de instrucción, 3 desechados y 1 en sustanciación.
Traducido: Tres de cada cuatro solicitudes de información terminaron en queja. Y la regidora que debía vigilar eso no vio nada.
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