AGENCIAS
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta el momento no existe evidencia, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni del Gobierno de México, que vincule con algún grupo delictivo a las 46 personas y empresas cuyas cuentas fueron bloqueadas tras investigaciones financieras, entre ellas Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria señaló que el gobierno mexicano tampoco ha recibido información del Gobierno de Estados Unidos sobre los señalamientos relacionados con estas personas, pese a que algunas fueron incluidas en acciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
Sheinbaum explicó que la UIF mantiene una revisión de las cuentas y que las irregularidades detectadas podrían estar relacionadas con reportes considerados inadecuados sobre impuestos, ingresos o egresos.
“De ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”, sostuvo la presidenta, al insistir en que hasta ahora no existe evidencia que permita establecer esos nexos.
La mandataria agregó que el congelamiento de cuentas forma parte de un procedimiento financiero y administrativo, durante el cual las personas y empresas señaladas tienen la posibilidad de presentar pruebas y documentación para aclarar las irregularidades y solicitar el desbloqueo de sus recursos.
En caso de que las aclaraciones no sean suficientes, explicó, el procedimiento puede continuar por la vía judicial.
El señalamiento ocurre después de que autoridades estadounidenses impusieran sanciones contra personas y empresas relacionadas con presuntas actividades financieras ilícitas. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que el Gobierno de México no cuenta actualmente con elementos que acrediten una relación de los señalados con una organización criminal.
La presidenta remarcó que la investigación de la UIF continúa y que será a partir de los procedimientos correspondientes cuando se determine si existen responsabilidades adicionales.
Hasta el momento, el Gobierno de México sostiene que el bloqueo de las cuentas responde a irregularidades financieras detectadas y no a una vinculación acreditada con algún grupo delictivo.
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