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AGENCIAS

EU.- La investigación de autoridades de Estados Unidos y Taiwán documentó que José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, habría coordinado desde México el ingreso de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo desde 2019, periodo en el que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador negaba la existencia de laboratorios para producir esta droga en el país.

Rivera Zazueta fue detenido el pasado 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por una investigación que señala su presunta participación en el tráfico de sustancias químicas procedentes de China y Taiwán.

De acuerdo con el expediente estadounidense, entre 2019 y el 15 de marzo de 2022, la organización habría utilizado una ruta que conectaba Asia con Anchorage, Alaska, y posteriormente con la Ciudad de México. Los embarques se transportaban mediante las aerolíneas Cargolux Airlines y Cathay Pacific Airlines.

La investigación permitió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y a la Agencia Antidrogas (DEA) asegurar dos cargamentos de 25 kilogramos de precursores químicos en Anchorage: el primero, el 5 de agosto de 2020, y el segundo, el 20 de noviembre del mismo año.

Según la División de Control de la DEA, 100 kilogramos de la sustancia identificada como 4-AP pueden utilizarse para producir hasta 190 kilogramos de fentanilo. La solicitud de extradición sostiene que ambos cargamentos habían sido adquiridos en Hong Kong y que uno de ellos tenía como destino la capital mexicana.

El expediente también señala que Rivera Zazueta presuntamente coordinaba y financiaba los envíos de precursores químicos para integrantes de su organización. Para documentar las operaciones, las autoridades realizaron labores de vigilancia e interceptaron legalmente comunicaciones telefónicas relacionadas con el caso.

Tras su captura, el juez federal Marco Antonio González Cortazar decretó su detención e internamiento y concedió a Estados Unidos un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición y presentar las pruebas correspondientes. Su detención no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

INVESTIGACIÓN TAMBIÉN SEÑALA CONEXIONES CON UN MORENISTA

El caso también tiene una vertiente política. De acuerdo con la publicación original, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó presuntos vínculos entre Rivera Zazueta y Rafael Buenrostro Martín, identificado como operador político relacionado con Morena.

El pasado 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones económicas contra 21 personas, entre ellas Buenrostro y Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

La OFAC atribuyó a Buenrostro presuntos favores políticos y el uso de su influencia para favorecer las operaciones criminales de “El Flaco”. El señalado habría ocupado anteriormente la jefatura de Aduanas en Ciudad Juárez y, según el reporte, participaría en la estrategia política de Julieta Ramírez, vinculada con Morena.

Además de los señalamientos por tráfico de precursores químicos, el Departamento del Tesoro sancionó a Rivera Zazueta en marzo de 2025 por presunto apoyo financiero al terrorismo y le atribuyó operaciones de tráfico de cocaína a gran escala desde Colombia hacia distintos países.

La investigación estadounidense vuelve a colocar bajo escrutinio las redes de suministro de sustancias utilizadas para fabricar fentanilo y las presuntas conexiones entre operadores criminales y figuras políticas. Los señalamientos forman parte de expedientes y sanciones de autoridades estadounidenses; las responsabilidades penales deberán determinarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.

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