AGENCIA
Ciudad de México.- Al menos 25 presidentes municipales en funciones han sido detenidos durante los últimos dos años en México; 21 de ellos enfrentan investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales, de acuerdo con un recuento periodístico que expone la penetración de grupos delictivos en gobiernos locales.
Los casos abarcan entidades como Puebla, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Jalisco y Veracruz. Entre los delitos que se les imputan figuran delincuencia organizada, extorsión agravada, homicidio, desaparición forzada, corrupción y desvío de recursos. Las acusaciones se encuentran en distintas etapas judiciales y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia condenatoria.
Uno de los casos más recientes mencionados es el de Miguel Sánchez Altamirano, conocido como Miguel Quetu, alcalde morenista de Juchitán, Oaxaca, detenido el 23 de septiembre por presuntos vínculos con una célula criminal señalada de operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación lo relaciona con una presunta red de extorsión y cobro de piso contra comerciantes y transportistas.
El informe también refiere detenciones de alcaldes en Morelos y Chiapas, así como el caso de tres hermanos que gobernaban municipios de Puebla y fueron aprehendidos en marzo de 2025. Según el recuento, Puebla concentra seis detenciones de ediles investigados por presuntos nexos criminales, seguida de Chiapas, con cinco.
Por afiliación política, Morena aparece con nueve alcaldes detenidos o vinculados a coaliciones encabezadas por ese partido. Movimiento Ciudadano registra seis casos, mientras que PAN y PRI tienen dos cada uno. El Partido Verde, el PRD y Chiapas Unido aparecen con un caso por partido. Estas cifras corresponden al recuento citado y no constituyen, por sí mismas, una medida de responsabilidad institucional de los partidos.
Especialistas en seguridad consultados en la investigación advierten que las organizaciones criminales han ampliado su influencia más allá de actividades como el narcotráfico y la extorsión, al buscar intervenir en candidaturas, elecciones y estructuras municipales. El fenómeno ha sido descrito como “gobernanza criminal”, en referencia a escenarios donde las decisiones de gobierno pueden verse condicionadas por la relación entre funcionarios y grupos delictivos.
La extorsión destaca entre los delitos investigados. De acuerdo con las cifras citadas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 6 mil 562 víctimas de este delito, un aumento de 9.17 por ciento (%) respecto al mismo periodo del año anterior. El promedio equivale a 36 víctimas diarias en el país.
Sin embargo, los registros oficiales muestran diferencias: Entre enero y junio se iniciaron 5 mil 704 carpetas de investigación, una cifra que reportó una reducción de 5.11% frente a 2025. La discrepancia refleja que las víctimas registradas y las denuncias formalizadas corresponden a indicadores distintos.
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI estima que alrededor del 97% de los delitos de extorsión no se denuncia, lo que limita el conocimiento de la dimensión real del problema.
El recuento pone en el centro la vulnerabilidad de los gobiernos municipales frente a las redes criminales y plantea cuestionamientos sobre los controles institucionales, la protección a comerciantes y empresarios, la transparencia de los procesos electorales y la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a quienes resulten responsables.
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