Jorge Ignacio Sandoval Castillo busca anular una donación de más de 3.4 millones de pesos que, asegura, fue fraguada ante el Notario Público Número 24 de Córdoba para evadir una deuda.
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Veracruz.— Un complejo entramado legal que se extiende por más de 15 años ha puesto bajo severo escrutinio el actuar del Licenciado Carlos Javier Limón Sánchez, titular de la Notaría Pública Número 24 de esta demarcación.
En el centro de la controversia se encuentra la formalización de una donación de bienes inmuebles que, de acuerdo con la parte acusadora, constituye un claro acto de simulación para consumar un enriquecimiento ilegítimo y evadir el pago de una sentencia condenatoria.
El origen del conflicto se remonta al año 2010, cuando Jorge Ignacio Sandoval Castillo suscribió seis pagarés a favor de Delia Laura García Sánchez por un monto total superior a los 3.4 millones de pesos. Tras el incumplimiento, Sandoval Castillo promovió un juicio ejecutivo mercantil (expediente 896/2014) en el que obtuvo una sentencia favorable. No obstante, el cobro se tornó una odisea.
Según consta en los expedientes judiciales, derivado de un amparo, se determinó que la vía ejecutiva mercantil no era la idónea, lo que provocó el levantamiento de un embargo que ya pesaba sobre los inmuebles de la deudora. Ante esta situación, Sandoval Castillo interpuso una demanda por la vía ordinaria civil (expediente 2008/2025) exigiendo la restitución de la cantidad, bajo la figura jurídica de enriquecimiento ilegítimo (estipulada en los artículos 1815 al 1828 del Código Civil del Estado).
EL ROL DEL NOTARIO LIMÓN SÁNCHEZ Y LA SIMULACIÓN
El punto de quiebre en esta historia ocurrió el 30 de mayo de 2018. Apenas unos meses después de que se levantara el embargo por cuestiones procesales, la deudora, Delia Laura García Sánchez, acudió ante el Notario Público Número 24, Carlos Javier Limón Sánchez, para formalizar la donación de sus propiedades a favor de sus hijos y su cónyuge.
A través del instrumento notarial 11,711, avalado con la fe pública de Limón Sánchez, la demandada transmitió la nuda propiedad de sus bienes, reservándose el usufructo vitalicio. Para los abogados de Sandoval Castillo, esta acción no es más que una burda simulación absoluta. Argumentan que la donación carece de causa real, no existió un desplazamiento material del bien (la familia sigue habitando el inmueble) y se realizó con el único fin de sustraer el patrimonio para no pagar la deuda.
Al respecto, el demandante fue enfático: “Es una simulación. Ella hizo la donación para deshacerse del inmueble y evitar que se pudiera embargar. Aquí lo que buscamos es la nulidad absoluta del acto jurídico”, señaló.
La controversia escala a nivel institucional, ya que se acusa que la rapidez con la que se otorgó y registró esta escritura ante el Notario 24 contrasta con la lentitud del sistema de justicia para hacer efectivo un derecho de crédito reconocido.
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