AGENCIAS
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió nuevamente la contratación de médicos cubanos para el sistema de salud pública de México y aseguró que su incorporación ha permitido ampliar la capacidad de atención hospitalaria, particularmente en comunidades donde existe déficit de personal médico.
Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la presencia de estos profesionales ha contribuido a brindar servicios de salud a la población que, de otra manera, enfrentaría mayores dificultades para recibir atención médica.
“Si no hubiera médicos cubanos en muchos de los hospitales, no podría estarse atendiendo a mucha de la población mexicana”, declaró Sheinbaum, al responder a las críticas dirigidas al programa de contratación de personal procedente de Cuba.
La presidenta también rechazó que los médicos cubanos reciban una remuneración superior a la de sus colegas mexicanos. Afirmó que ambos grupos tienen contratos justos, perciben salarios equivalentes y son contratados directamente, en contraste con los señalamientos sobre la posible intervención de empresas externas.
“Tienen contratos justos igual que los mexicanos, no es cierto que se le pague más a un médico cubano que un médico mexicano. Ganan lo mismo y son contratados de manera directa”, sostuvo.
Las declaraciones se producen después de que la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar acusara a México de presuntas violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la contratación de más de tres mil médicos cubanos. La legisladora calificó el esquema como “trabajo forzado” y solicitó al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, exigir al Gobierno mexicano que desmantele el programa.
Ante estos cuestionamientos, Sheinbaum reiteró su respaldo a la participación de médicos cubanos en los hospitales públicos del país y defendió su contribución a la atención de pacientes.
Hasta el momento, las declaraciones de la presidenta no resuelven por sí mismas la controversia sobre las condiciones contractuales del programa, que ha generado cuestionamientos políticos tanto en México como en Estados Unidos.
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