De la redacción
El Buen Tono

La resistencia contra la construcción de una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, continúa. Integrantes del colectivo ¡Aquí No! y comunidades indígenas mayo-yoreme exigen la cancelación definitiva del megaproyecto de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), al considerar que representa riesgos para la población y el ecosistema de la bahía de Ohuira.

El 15 de junio de 2026, cerca de 200 habitantes de comunidades indígenas iniciaron una toma pacífica e indefinida del acceso a las instalaciones de la empresa, con el objetivo de presionar a las autoridades para que intervengan y detengan la obra.

El proyecto, desarrollado por una filial mexicana del grupo suizo Proman, registra un avance aproximado del 88 por ciento, pese a la oposición que enfrenta desde hace varios años.

Denuncian riesgos ambientales y para la población

Los integrantes del colectivo ¡Aquí No! advierten que la operación de la planta podría poner en peligro a las comunidades cercanas y afectar el equilibrio ambiental de la bahía de Ohuira.

Dalile Antúnez, abogada e investigadora colaborativa de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, señaló que existían advertencias sobre los posibles impactos del proyecto antes de que se aprobara su financiamiento.

Entre los riesgos mencionados se encuentran posibles fugas de amoníaco, una sustancia que puede provocar graves daños a la salud y representar un peligro para las personas que viven cerca de las instalaciones.

La activista también cuestionó que el financiamiento se aprobara sin garantizar, según las denuncias, el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.

Cuestionan financiamiento alemán

La construcción de la planta cuenta con financiamiento de KfW IPEX-Bank, entidad bancaria pública alemana que participa con una inversión de 860 millones de dólares.

Mientras la institución sostiene que el proyecto cumple con las normas ambientales nacionales e internacionales y que las inspecciones oficiales no han detectado objeciones, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la evaluación de los impactos sociales y ambientales.

Alemania también otorgó en 2023 un aval a la exportación para Proman. De acuerdo con Regine Richter, representante de la organización ambientalista Urgewald, las condiciones de supervisión establecidas no resuelven las preocupaciones fundamentales sobre los efectos de la obra en la bahía y sus comunidades.

En abril de 2026, una delegación de activistas mexicanos viajó a Alemania para reunirse con representantes de KfW y exponer sus inconformidades.

Por su parte, el banco aseguró que mantiene una evaluación continua del desarrollo del proyecto y que cualquier decisión deberá ajustarse a sus obligaciones legales y contractuales.

Activistas denuncian amenazas e intimidaciones

El conflicto también está marcado por denuncias de amenazas y represalias contra integrantes del colectivo ¡Aquí No!, fundado en 2015.

Según un informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, algunos miembros del movimiento han enfrentado amenazas de muerte y otras formas de intimidación, presuntamente relacionadas con intereses vinculados al proyecto.

Las organizaciones señalan que estas circunstancias agravan la situación de las comunidades que se oponen a la planta y exigen garantías para defender sus derechos y su territorio.

Exigen diálogo y una salida al proyecto

Los opositores consideran que todavía es posible detener la construcción y demandan que las empresas involucradas, las instituciones financieras y las autoridades establezcan un diálogo directo con las comunidades afectadas.

La principal exigencia del movimiento es que el Gobierno mexicano cancele y clausure el megaproyecto, al tiempo que se atiendan las preocupaciones ambientales y sociales de los habitantes de la región.

Con las obras reportadas en un 88 por ciento de avance, el conflicto en Topolobampo mantiene abierta la disputa entre el desarrollo industrial, el financiamiento internacional y los derechos de las comunidades indígenas que defienden la bahía de Ohuira.