AGENCIAS
Ciudad de México.- Los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices sufrieron su primer revés judicial en México, luego de que un juzgado federal en Tijuana les negara la suspensión solicitada para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con información publicada por Infobae el 27 de octubre de 2026, las resoluciones también abarcan cuentas de cuatro empresas vinculadas con Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group.
El bloqueo fue ejecutado por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, mediante el Acuerdo 471/2026, fechado el 28 de septiembre de este año. Los empresarios promovieron amparos para impugnar la medida y recuperar el acceso a sus recursos; sin embargo, en esta primera etapa no consiguieron la protección judicial solicitada.
SEÑALAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
La controversia se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, señalara a Moreno Gómez Santelices como presunto operador de una red empresarial que habría utilizado compañías de seguridad, bienes raíces y entretenimiento para lavar dinero relacionado con el Cártel de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, la red habría operado en beneficio de René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como jefe de plaza en Tijuana y vinculado con la facción conocida como La Mayiza, relacionada con Ismael Zambada Sicairos.
La OFAC también relacionó a Moreno Gómez Santelices con Jesús González Lomelí, señalado por Washington como un presunto lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y sancionado por esa oficina en septiembre de 2025. En los señalamientos también aparecen los hermanos Alfonso y René Arzate García, así como Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.
BLOQUEO A EMPRESAS Y BATALLA LEGAL
Entre las compañías afectadas se encuentran firmas relacionadas con servicios corporativos, construcción y producción de espectáculos. Sus cuentas permanecen inmovilizadas desde finales de septiembre, según el reporte periodístico.
La negativa de suspensión representa un primer obstáculo para los empresarios en su intento de revertir el bloqueo. No obstante, la resolución sobre la medida cautelar no equivale, por sí misma, a una sentencia definitiva sobre el fondo de los amparos ni constituye una declaración de culpabilidad penal.
El caso refleja la coordinación de medidas financieras contra personas y empresas señaladas por presuntos vínculos con redes de lavado de dinero, mientras los afectados mantienen la posibilidad de continuar su defensa por las vías legales correspondientes.
Los señalamientos atribuidos al Departamento del Tesoro estadounidense deben distinguirse de una sentencia penal firme en México. La situación jurídica de los empresarios dependerá de las resoluciones judiciales que se emitan durante el desarrollo de sus procedimientos.
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