De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- En los panteones de Córdoba no hay un control oficial, pero sí un lucrativo negocio privado. Los ingresos mensuales que superan los $137,000 pesos por conceptos de sepelios, temporalidades y monumentos no ingresa a la Tesorería Municipal, sino que es cobrado “por fuera” por una red que opera bajo la sombra de René Moshé.
A cuatro años de su administración y en pleno octubre de 2026, la opacidad, la venta ilegal de fosas y la falta de castigo persisten.
Documentos filtrados y etiquetadas como “Cortes de caja” muestran un control milimétrico de la recaudación diaria. El sistema interno desglosa cada servicio: monumentos (M), sepelios (S), temporalidades (T), exhumaciones (E) y contenedores (C).
Los registros de 2023, por ejemplo, exhiben cortes mensuales estimados de $137,683 en enero, $95,042 en febrero y $106,570 en mayo. Los empleados registran celda por celda cuántos servicios se hicieron al día y cuánto debería entrar por cada uno. No se trata de un desorden administrativo; es una contabilidad paralela perfectamente orquestada. El problema radica en que este control interno no coincide con los ingresos oficiales que llegan a las arcas del ayuntamiento.
La explicación a esa disparidad financiera la dio una fuente interna en diciembre de 2025 denunció directamente el modus operandi: “No tienen ingreso a tesorería los sepelios que son cobrados afuera por Román y René Moshe”.
Esta denuncia ciudadana y laboral coincide con la investigación periodística del medio local El Buen Tono, la cual confirmó que los cobros funerarios no son reportados oficialmente y que el dinero se queda en manos de los operadores del panteón.
Para que este esquema funcione, la falta de control administrativo ha sido clave. Información obtenida vía transparencia por El Buen Tono reveló que la Jefatura de Cementerios admitió que fue hasta el 11 de agosto de 2025 cuando comenzó a llevar registros básicos que debieron existir desde el primer día.
Antes de esa fecha, no se desglosaban los tipos de espacios, no se distinguía entre fosas vacías y tumbas con derechos, y no se realizaban actas de verificación para constatar que el cuerpo dentro del ataúd correspondiera con el acta de defunción. El 90% de los espacios están ocupados y el ayuntamiento no cuenta con un archivo que dé fe del control legal.
Esta ausencia de papeles oficiales permitió presuntas redes de explotación laboral, donde los sepultadores pagan “mochadas” en efectivo, así como la destrucción de monumentos, la exhumación de restos sin autorización y la venta ilegal de fosas, operando todo bajo la presunta anuencia de los altos mandos.
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