AGENCIAS
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en las próximas horas una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción registrados durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, en los que también podrían estar involucrados funcionarios del organismo y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que las 10 consejerías acordaron instruir a sus equipos jurídicos para preparar la denuncia, con el objetivo de que la Fiscalía investigue los hechos y determine si existen responsabilidades penales.
En conferencia de prensa, precisó que el recurso será presentado contra quienes resulten responsables y no estará dirigido exclusivamente a una persona. Sin embargo, confirmó que la investigación podría incluir a Taddei, así como a quienes ocuparon cargos en la Secretaría Ejecutiva, direcciones, subdirecciones y otras áreas del instituto que pudieran estar relacionadas con las presuntas anomalías.
Cruz señaló que el INE entregará a la FGR la documentación e información disponible en sus archivos para que las autoridades ministeriales realicen las indagatorias correspondientes y determinen si alguna conducta constituye un delito.
PIDEN AUDITORÍA EMERGENTE A LA ASF
Por otra parte, el Consejo General del INE acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente para revisar la adquisición de servicios dentro del organismo electoral.
La presidenta provisional indicó que el instituto facilitará la documentación y colaborará con los trabajos de auditoría. No obstante, aclaró que no solicitarán revisar contratos específicos, por lo que corresponderá a la ASF establecer los alcances de la fiscalización.
Además, adelantó que el próximo jueves el Consejo General someterá a aprobación un paquete de acciones emergentes en materia administrativa y otros aspectos del funcionamiento institucional.
Las decisiones se producen en medio de la revisión de procedimientos y posibles irregularidades al interior del órgano electoral. Será la FGR la encargada de determinar si existen elementos para iniciar investigaciones penales y, en su caso, deslindar responsabilidades.
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