AGENCIA
Ciudad de México.- Las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei vuelven a poner bajo cuestionamiento el manejo de los recursos públicos y la falta de controles efectivos dentro de las instituciones. Las auditorías podrían determinar si existen elementos para presentar denuncias penales contra la exconsejera presidenta y otros posibles responsables.
La administración de Taddei enfrenta señalamientos por contratos otorgados a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, algunas cuestionadas por sus relaciones empresariales y posibles vínculos con funcionarios. La dimensión del problema no es menor: empresas relacionadas con los proveedores señalados habrían obtenido contratos por mil 803 millones de pesos en organismos electorales de 17 estados.
El caso obliga a esclarecer quién autorizó las contrataciones, bajo qué criterios se asignaron y si existieron beneficios indebidos. No basta con anunciar auditorías cuando están en juego recursos públicos y la credibilidad de una institución responsable de organizar las elecciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario y que, si las revisiones detectan elementos de carácter penal, los expedientes deberán turnarse a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el discurso de combate a la corrupción tendrá que demostrarse con investigaciones imparciales y sin distinciones políticas.
En esa exigencia de rendición de cuentas también debe entrar Andy López Beltrán. La cercanía familiar con el expresidente Andrés Manuel López Obrador no puede convertirse en una garantía de protección política ni en una razón para evitar cuestionamientos sobre los señalamientos que lo involucran.
La autonomía del INE no puede utilizarse como escudo para ocultar irregularidades, pero tampoco la fiscalización debe convertirse en un instrumento de persecución selectiva. Si Guadalupe Taddei incurrió en responsabilidades administrativas o penales, deberá responder; y si existen elementos contra Andy López Beltrán, también deben investigarse.
La ciudadanía está cansada de los discursos de honestidad y de las promesas de que nadie será encubierto. La verdadera prueba para el gobierno de Sheinbaum será demostrar que la justicia no distingue entre funcionarios, aliados políticos, apellidos conocidos y personajes cercanos al poder.
Aunque te encabrites BASTA de echar culpas, los responsables de la destrucción de la democracia a través del INE, TEPGJ, son tú Sheinbaum y AMLO.
¡Tuvieron que sacar su cortina de humo al corruptazo de “Andy”, y se les está saliendo de las manos el Caso Taddei!
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