AGENCIAS
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), al incorporar una revisión histórica de las contrataciones y adquisiciones realizadas desde el año 2000, cuando todavía operaba el Instituto Federal Electoral (IFE).
El órgano fiscalizador informó este miércoles 4 de noviembre que desarrolla tres principales líneas de investigación, derivadas de los análisis de inteligencia y de la información solicitada a las entidades federativas, en los que advirtió posibles anomalías en el ejercicio del gasto público destinado a los organismos electorales.
La primera línea contempla una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el INE y su antecesor, el IFE.
Como segunda medida, la ASF realizará un estudio histórico de las adquisiciones y contrataciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de asignación de contratos, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con el uso de recursos públicos.
Esta revisión también buscará detectar posibles vínculos entre grupos empresariales y servidores públicos que hayan intervenido en los procesos de contratación y adquisición.
La tercera línea consiste en una auditoría integral al INE, además de una fiscalización de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
En su comunicado, la ASF señaló que los trabajos de inteligencia y el análisis de la información obtenida de las entidades federativas advierten la existencia de múltiples irregularidades históricas en el manejo de los recursos públicos vinculados con el sistema electoral.
La revisión abarcará un periodo de 25 años y permitirá examinar las prácticas de contratación tanto de la autoridad electoral federal como de los organismos locales, con el objetivo de establecer si existieron mecanismos de concentración de contratos, posibles beneficios indebidos o responsabilidades administrativas y legales.
Estas investigaciones se desarrollan en medio de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y las contrataciones dentro del INE, así como de las exigencias para esclarecer posibles actos de corrupción en la institución.
La ASF deberá determinar, mediante los procedimientos de fiscalización correspondientes, si las irregularidades detectadas constituyen faltas administrativas, daños al erario o posibles delitos, así como identificar a los servidores públicos y particulares que pudieran resultar responsables.
Por ahora, la ampliación de las investigaciones no representa una resolución de culpabilidad contra funcionarios o empresas, sino el inicio y desarrollo de revisiones para esclarecer el destino de los recursos públicos utilizados por las autoridades electorales durante las últimas dos décadas.
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