AGENCIAS
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes desde hace casi tres décadas.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una cronología sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios vinculados con proveedores electorales que habrían concentrado contratos millonarios mediante un presunto esquema de simulación de competencia.
“Esta mafia electoral no surgió con Taddei”, afirmó Sheinbaum, al señalar que las investigaciones deben abarcar a funcionarios y autoridades electorales de distintas administraciones, sin excluir posibles responsabilidades de la exconsejera presidenta.
Según la exposición de Buenrostro, los hermanos comenzaron su trayectoria en el servicio público en 1983, dentro de la Secretaría de Gobernación, y posteriormente tuvieron vínculos laborales con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La funcionaria señaló que empresas relacionadas con ambos empresarios obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos entre 2014 y 2023, en 23 organismos electorales estatales. Además, entre 2024 y 2025 consiguieron adjudicaciones por más de 600 millones de pesos.
El presunto mecanismo consistía en que compañías relacionadas participaban en una misma licitación aparentando competir entre sí, aunque supuestamente acordaban previamente quién obtendría el contrato.
Sheinbaum también recordó que Guadalupe Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova, y permaneció en ese cargo hasta 2021.
La mandataria pidió que las investigaciones no se limiten a una sola administración y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) determinen las posibles responsabilidades.
Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y todavía deberán acreditarse las presuntas irregularidades y la participación de cada funcionario o empresario.
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