AGENCIA
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el Gabinete de Seguridad no ha abordado el paradero de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ni el de los empresarios José Alfredo y Reymundo Hernández Casillas, señalados en una investigación por presuntas irregularidades en contratos electorales que superan los 2 mil 646 millones de pesos.
Durante la conferencia mañanera del jueves 5 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre si las autoridades tenían información acerca de la situación migratoria de Taddei y de los empresarios. Sheinbaum respondió que el tema no se había tratado en las reuniones de seguridad, aunque aseguró que podía solicitarse información para revisar el caso.
Ante la pregunta de si eso significaba que los señalados permanecían en territorio nacional, contestó: “Sí, eso es lo que presumimos. Pero bueno, que se revise la investigación”.
La presidenta reconoció que no contaba con información confirmada sobre si los involucrados habían abandonado el país, por lo que su permanencia en México era únicamente una presunción.
La investigación presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, señala una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Reymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos de organismos electorales mediante posibles esquemas de simulación de competencia.
De acuerdo con los datos expuestos por la funcionaria, entre 2014 y 2023 las compañías relacionadas con los empresarios consiguieron adjudicaciones en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Posteriormente, entre 2024 y 2025, otros 15 organismos asignaron contratos por 646 millones de pesos.
Entre las presuntas irregularidades detectadas se encuentran empresas que compartían beneficiarios finales, domicilios y números telefónicos, además de compañías que no acreditaban contar con trabajadores o capacidad técnica suficiente para prestar los servicios contratados.
Buenrostro explicó que la revisión se realizó mediante información de la Plataforma Nacional de Transparencia y registros históricos de CompraNet, por lo que los montos podrían modificarse conforme avancen las auditorías.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y supervisión de los organismos electorales, así como sobre los vínculos empresariales relacionados con contratos millonarios. Mientras tanto, el paradero de los señalados permanece sin confirmación oficial.
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