El Tribunal de Disciplina Judicial determinó separar del cargo a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido por modificar las penas acordadas entre la FGR y cuatro imputados. El juez también enfrenta una investigación penal por presuntos delitos contra la administración de justicia.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó durante un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, luego de determinar que incurrió en un error inexcusable al modificar las penas acordadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y personas imputadas en cuatro procedimientos abreviados.
La resolución se relaciona con casos por delitos contra la salud, así como portación y posesión de armas de fuego. De acuerdo con el órgano disciplinario, el juzgador redujo las penas previamente negociadas entre la Fiscalía y los acusados, pese a que no tenía facultades para modificar esos acuerdos.
El caso tomó relevancia pública en noviembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el juez había sido denunciado por presuntamente liberar a delincuentes. Desde entonces, Sigales permanecía suspendido de sus funciones, medida aplicada desde el 30 de octubre de ese año, durante la cual recibía únicamente una tercera parte de su salario.
Además de la sanción administrativa, el juzgador enfrenta una investigación penal. La FGR obtuvo un citatorio para que comparezca el próximo 10 de diciembre ante una jueza de Control de Nayarit, donde será imputado por presuntos delitos contra la administración de justicia.
Las quejas contra Sigales no son recientes. Desde 2023, la FGR y la Secretaría de Marina (Semar) habían presentado señalamientos ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal por sus resoluciones en asuntos relacionados con delitos considerados de alto impacto.
La sanción fue determinada por la Comisión de Disciplina del TDJ, integrada por los magistrados Rufino León Tovar, Celia Maya y Bernardo Bátiz. Sin embargo, todavía puede ser revisada por el Pleno del tribunal, por lo que la resolución no es definitiva.
JUFED ACUSA POSIBLE PRESIÓN CONTRA JUECES
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazó la resolución y advirtió que podría representar un mensaje intimidatorio para quienes integran la carrera judicial.
La organización cuestionó que el procedimiento estuviera precedido por señalamientos públicos de la titular del Ejecutivo federal y expresó preocupación por una posible afectación a la independencia judicial.
También defendió que los jueces deben contar con libertad para ejercer criterios interpretativos durante las audiencias y advirtió que sancionar con la máxima severidad este tipo de decisiones podría generar incertidumbre entre los juzgadores federales.
El caso abre nuevamente el debate sobre los límites de la facultad disciplinaria del nuevo Poder Judicial, la responsabilidad de los jueces al resolver procesos penales y la independencia con la que deben ejercer sus funciones.
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