Por: Cp. Guillermo Santos Martínez
Hay reformas que se anuncian como instrumentos para combatir abusos, cerrar espacios a la evasión y fortalecer la recaudación. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿quién termina pagando las consecuencias de tanta modificación fiscal? ¿Los verdaderos evasores o también los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones?
La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2026, trae cambios que merecen una revisión profunda. Y hay uno que particularmente debe encender las alarmas de empresarios, contadores y administradores: el nuevo capítulo X, artículos 78-A al 78-F.
¡Ahora resulta que cumplir con los requisitos fiscales ya no necesariamente será suficiente para deducir todos los gastos autorizados!
La reforma establece nuevos límites a las deducciones para determinadas personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, sujetas también a las condiciones legales del capítulo y sus excepciones.
En términos prácticos, se establece una mecánica que puede dejar deducciones pendientes de aplicar, aunque correspondan a gastos reales de la empresa y estén debidamente documentados.
Y aquí comienza el problema: ¿cómo se explica a un empresario que realizó sus gastos, pagó a sus proveedores, cubrió nóminas y cumplió con sus compromisos, pero que fiscalmente no podrá deducir de inmediato todo lo que la ley le permite registrar como gasto?
PERO ESO NO ES TODO: TAMBIÉN SE LIMITA EL APROVECHAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS FISCALES.
El nuevo artículo 78-C establece, para los contribuyentes comprendidos en este capítulo, un límite del 50% de la utilidad fiscal para disminuir pérdidas pendientes.
Es decir, una empresa puede tener pérdidas fiscales legítimamente generadas y no podrá utilizarlas libremente para disminuir su resultado fiscal en el ejercicio.
¿Y qué significa esto? Que podría terminar pagando ISR aun teniendo pérdidas fiscales pendientes de amortizar.
No se trata de que desaparezca automáticamente el derecho a esas pérdidas, porque pueden seguir aplicándose durante los ejercicios permitidos, pero sí de que su aprovechamiento queda sujeto a nuevas restricciones.
Y SI PENSABAN QUE EL PROBLEMA TERMINABA EN LA DECLARACIÓN ANUAL, TAMBIÉN HAY CAMBIOS EN LOS PAGOS PROVISIONALES.
El artículo 78-D limita la aplicación de pérdidas fiscales en los pagos provisionales para determinados contribuyentes.
A esto se agregan las disposiciones transitorias para 2027, que establecen factores de ajuste al coeficiente de utilidad de 1.0658 o 2.6162, según el supuesto aplicable.
Traducido al lenguaje empresarial: puede aumentar el ISR que se tenga que desembolsar mes con mes.
Y aquí está el verdadero problema: una cosa es determinar correctamente el impuesto anual y otra muy distinta es tener dinero disponible para pagar anticipadamente cantidades mayores durante el ejercicio.
El flujo de efectivo de una empresa no se sostiene con discursos fiscales; se sostiene con dinero disponible.
¿Y QUÉ PASA CON LOS CONTADORES?
Aquí es donde la reforma merece otra reflexión.
En lugar de simplificar los procedimientos, se incorporan nuevos mecanismos de control que obligarán a los despachos contables y departamentos fiscales a trabajar todavía más.
Ahora habrá que:
Identificar qué empresas están obligadas al nuevo capítulo y cuáles pueden aplicar alguna excepción.
Elaborar cálculos adicionales para determinar los límites de deducciones.
Llevar controles separados de las deducciones pendientes de aplicar.
Elaborar historiales de pérdidas fiscales por ejercicio.
Controlar cuánto se puede disminuir de esas pérdidas en la declaración anual y en los pagos provisionales.
Recalcular intereses deducibles, cuyo límite también se modifica.
Revisar y conciliar nuevamente la CUFIN y la CUCA.
Clasificar correctamente los anticipos a proveedores, distinguiendo bienes, servicios y arrendamientos.
Revisar pagos al extranjero, retenciones y documentación.
Recalcular coeficientes de utilidad y proyectar el impacto financiero de los pagos provisionales.
Y todo esto sin dejar de cumplir con las declaraciones mensuales, informativas, contabilidad electrónica, CFDI, nóminas, conciliaciones bancarias y demás obligaciones que ya existen.
¡QUÉ FÁCIL ES LEGISLAR NUEVAS OBLIGACIONES CUANDO QUIENES LAS TIENEN QUE CUMPLIR SON OTROS!
El empresario tendrá que pagar más por asesoría, sistemas, controles y administración. El contador tendrá que invertir más horas en revisar, calcular, conciliar y documentar. Y, finalmente, ese costo administrativo también termina repercutiendo en la operación de las empresas.
No olvidemos que el contador no solamente captura pólizas y presenta declaraciones. Es quien debe interpretar las disposiciones, prevenir contingencias y evitar que una empresa cometa errores que posteriormente se conviertan en créditos fiscales, multas y recargos.
¿Y LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS?
Aunque el nuevo capítulo X tiene un ámbito de aplicación específico y no afecta indiscriminadamente a todas las personas morales, los cambios en otras disposiciones también obligan a revisar anticipos, deducciones, intereses, operaciones con extranjeros y registros de capital.
La reforma también modifica el límite de ingresos del RESICO para personas físicas, elevándolo de 3.5 a 5 millones de pesos, sujeto a los requisitos de permanencia.
Hay modificaciones que pueden representar beneficios, pero eso no elimina la necesidad de analizar las nuevas restricciones.
LA PREGUNTA QUE DEBEMOS HACER ES MUY SENCILLA: ¿DÓNDE QUEDÓ LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA?
Se habla constantemente de facilitarle la vida al contribuyente, pero cada nueva disposición parece traer consigo otra cédula, otro control, otro procedimiento, otra conciliación y otra responsabilidad para quien lleva la contabilidad.
Combatir la evasión fiscal es una obligación del Estado. Evitar que se utilicen deducciones simuladas y pérdidas fiscales indebidas también es legítimo. Pero una cosa es combatir a quienes defraudan al fisco y otra muy diferente es construir un sistema en el que los contribuyentes cumplidos tengan que demostrar una y otra vez que sus operaciones son legítimas.
La fiscalización no debería convertirse en una carrera interminable de obstáculos administrativos.
El Estado necesita recaudar, pero las empresas también necesitan invertir, producir, generar empleos y conservar liquidez.
Porque no debemos perder de vista algo fundamental: las empresas no viven de sus utilidades fiscales, viven de su flujo de efectivo; y los negocios no se fortalecen acumulando controles, sino teniendo condiciones para crecer.
La reforma ya fue publicada y corresponde estudiarla, aplicarla y prepararse para sus efectos a partir de 2027, conforme a las disposiciones de vigencia.
Pero también corresponde señalar sus consecuencias, cuestionar sus cargas administrativas y exigir que la autoridad y los legisladores entiendan que detrás de cada declaración hay empresarios, trabajadores, contadores y familias que dependen de que la actividad económica funcione.
Porque al contribuyente se le puede exigir que cumpla con la ley, pero también se le debe garantizar que esa ley sea clara, razonable y administrativamente viable.
Y termino con una pregunta:
¿Estamos construyendo un sistema fiscal que facilite producir, invertir y generar empleos, o uno en el que cada año se necesite más tiempo, más dinero y más especialistas para poder cumplir con Hacienda?
Ahí está el verdadero debate de la reforma fiscal 2027.
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