AGENCIAS
Ciudad de México.– Corporativo Kosmos, grupo empresarial vinculado al empresario Jack Landsmanas y señalado como proveedor favorecido durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones de corrupción y el presunto pago de sobornos para obtener contratos públicos; sin embargo, no negó haber recibido adjudicaciones millonarias del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Migración (INM).
En dos cartas enviadas al medio Latinus, la compañía aseguró que sus empresas participan en licitaciones y procesos de contratación conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por las instituciones convocantes.
Además, rechazó categóricamente haber entregado sobornos, comisiones o beneficios económicos indebidos a funcionarios, intermediarios o terceros para obtener o conservar contratos gubernamentales.
La respuesta ocurre después de que Latinus difundiera reportajes sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, donde aparece relacionado Alfredo Hernández Casillas, señalado como cercano a la consejera presidenta Guadalupe Taddei y vinculado con proveedores del organismo electoral.
Uno de los contratos bajo cuestionamiento fue otorgado a Productos Serel, empresa del corporativo, por un monto máximo de 112 millones 400 mil pesos para proporcionar alimentos en nueve comedores del INE, durante el periodo comprendido entre 2025 y abril de 2026.
La compañía sostuvo que no entregó pagos ni comisiones indebidas para conseguir dicha contratación. También informó que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar los contratos que mantiene con distintas dependencias y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades anticorrupción.
CONTRATOS POR 952.7 MILLONES DE PESOS CON MIGRACIÓN
Otro de los señalamientos corresponde a los contratos por 952.7 millones de pesos relacionados con servicios de alimentación para personas migrantes, adjudicados por el Instituto Nacional de Migración a empresas vinculadas con el consorcio de Landsmanas.
De acuerdo con la investigación periodística, las contrataciones se relacionan con la atención de mexicanos deportados de Estados Unidos, en un contexto de más de 260 mil connacionales retornados.
Las empresas participaron mediante Operadora de Comedores Saludables, mientras que en la operación de los servicios también intervino Productos Serel, señalada por haber sido proveedora del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Corporativo Kosmos rechazó igualmente los señalamientos sobre posibles vínculos de sus directivos con investigaciones estadounidenses por presunto lavado de dinero relacionado con operaciones financieras en Venezuela.
Aunque negó cualquier conducta ilegal, el grupo empresarial no desmintió los montos de los contratos documentados por Latinus ni su participación en las contrataciones gubernamentales.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre grandes proveedores privados y las instituciones públicas, así como los mecanismos de adjudicación, supervisión y transparencia en el manejo de recursos federales.
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