México.- Diferencias de precios de hasta más de 600 por ciento en la adquisición de materiales electorales por parte de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) quedaron expuestas en compras realizadas durante 2025, en las que una misma caja fue adquirida a costos considerablemente distintos entre entidades.
De acuerdo con una investigación publicada por Agencia Reforma, una red de proveedores de material electoral, presuntamente vinculada con los hermanos Hernández Casillas, habría comercializado productos a precios muy superiores entre los distintos institutos electorales del país.
Uno de los ejemplos corresponde a una caja vendida por la empresa Cajas Graf. Mientras el organismo electoral del Estado de México pagó 531 pesos por unidad, el Instituto Electoral de Quintana Roo adquirió el mismo producto en 3 mil 850 pesos.
La diferencia representa 3 mil 319 pesos por caja, es decir, un precio superior en aproximadamente 625 por ciento respecto al pagado en el Estado de México.
El caso de Sonora también fue señalado en la investigación. El organismo electoral de esa entidad, encabezado por Nery Ruiz, adquirió el mismo artículo en 2 mil 375 pesos, más de cuatro veces el costo registrado en el Estado de México.
Arturo Espinosa, especialista en materia electoral, advirtió sobre posibles mecanismos de manipulación de precios y cuestionó la relación entre las empresas proveedoras y los consejeros electorales.
El señalamiento cobra relevancia debido a que los recursos utilizados por los OPLES provienen del presupuesto público, por lo que las diferencias en los costos de adquisición abren cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación, la supervisión de las compras y el uso del dinero destinado a la organización de los procesos electorales.
La investigación también menciona presuntos vínculos entre los proveedores y Alfredo Hernández Casillas, así como señalamientos relacionados con Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE.
Hasta la información difundida, no se detallan resoluciones administrativas o judiciales que acrediten responsabilidades penales por estas operaciones. Sin embargo, las diferencias documentadas en los precios plantean la necesidad de revisar los contratos, las cotizaciones y los mecanismos de adjudicación utilizados por los institutos electorales.
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