AGENCIA
Washington, Estados Unidos.- La clasificación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras por parte del Gobierno de Donald Trump ha elevado la tensión en la relación con México, ante la posibilidad de que Estados Unidos amplíe sus acciones contra las estructuras criminales. Sin embargo, esta designación no representa, por sí sola, una autorización para que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecuten ataques letales contra los grupos delictivos.
El 20 de enero de 2025, durante su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, mediante la cual instruyó a su administración a iniciar el proceso para designar a los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales como entidades terroristas.
La medida abrió el camino para aplicarles sanciones financieras, congelar activos, restringir operaciones económicas y endurecer las acciones migratorias contra personas vinculadas con estas organizaciones.
Entre los grupos mexicanos incluidos en las primeras designaciones se encuentran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de otras organizaciones criminales de México y América Latina.
El aspecto que ha generado mayor preocupación es la posibilidad de que Washington utilice esta clasificación como parte de una estrategia más agresiva contra el narcotráfico, incluyendo operaciones militares.
No obstante, la designación como organización terrorista extranjera no concede automáticamente facultades para utilizar fuerza letal. Cualquier operación militar requiere una justificación jurídica independiente y debe considerar las disposiciones del derecho estadounidense y las obligaciones internacionales.
La preocupación para México radica en que el Gobierno de Trump ha mantenido abierta la posibilidad de emprender acciones directas contra los cárteles, incluso mediante recursos militares, mientras la administración mexicana ha rechazado cualquier intervención unilateral en territorio nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe respetar la soberanía mexicana y que las fuerzas extranjeras no pueden realizar operaciones dentro del país sin autorización.
Así, aunque la designación terrorista endurece considerablemente las herramientas de presión de Washington contra los cárteles, el debate sobre una eventual intervención militar estadounidense en México continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre ambos gobiernos.
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