ORIZABA.- Tras las medidas que se han emprendido contra el magisterio disidente en todo el país, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), está consciente de que es sólo una estrategia más del Estado para desaparecer las movilizaciones de resistencia contra la Reforma Educativa y el resto de las mal llamadas reformas estructurales, señaló Jesús Quiroz Cortés, integrante del MMPV-CNTE.
“El Estado está usando actualmente todas las instancias a su alcance para bloquear las movilizaciones. Sabemos que la CNTE es el único referente organizado que se ha enfrentado al Gobierno de Peña Nieto, es por eso que como magisterio vemos una total represión, aprehensiones injustificadas, con un trato peor que como delincuentes por el único delito de exigir el respeto a nuestros derechos”, apuntó.
Según el magisterio los maestros evaluados tienen hasta el día 7 de este mes para presentar las evidencias docentes que se requieren en la evaluación nacional, pero la andanada dirigida desde el Gobierno denota cierta desesperación, pues su convocatoria no ha tenido la respuesta que quisieran, insistió Quiroz Cortés.
Explicó que son más de 150 mil maestros los que se deben evaluar, pero cuando mucho ha subido evidencias el 60 por ciento de ellos y la mayoría sin estar convencidos.
“La subida de evidencias se ha aplazado al menos cuatro veces, desde que se programó la primera en julio pasado. Hoy, las amenazas del secretario de la SEP, Aurelio Nuño, van en el sentido de que quien suba evidencias será despedido, pero todo es una campaña mediática”, destacó el líder.
“Esa falta de convencimiento es por las anomalías que se han visto y que demuestran claramente que las autoridades no estaban preparadas para el proceso de sacar las evidencias y evaluar, además de que todavía no se sabe quién calificará”, indicó.
El integrante del MMPV-CNTE señaló que con las declaraciones que ha hecho la secretaria de la SEV parece que lo que importa más es el examen y no tanto las evidencias.
Dijo que se mantiene la creencia de que la evaluación es punitiva, por lo cual los estados que han sido más combativos como son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, están anunciando que no van a permitir que se lleve a cabo la evaluación, armando un boicot en las diferentes sedes donde se vaya a realizar el examen.
