El periodista Pedro Tamayo Rosas fue asesinado la noche del miércoles en Tierra Blanca. Un par de sicarios lo acribilló a balazos fuera de su domicilio de donde, curiosamente, se ausentaron los policías estatales que estaban encargados de custodiarlo. El compañero Tamayo estaba bajo un protocolo de protección luego de que en enero pasado tuvo que huir de Veracruz hacia Oaxaca por las amenazas recibidas y regresó a Tierra Blanca con el supuesto resguardo del Gobierno veracruzano.
Tamayo Rosas fue un periodista probado, conocido por el gremio y hoy es el reportero número 19 victimado en el Veracruz que se ahoga en violencia y padece un Gobierno fallido. Es la lista del horror que no para de crecer en este Sexenio trágico. Van tres comunicadores atacados en lo que va del 2016, hace apenas un par de meses, el 14 de mayo fue asesinado a balazos Manuel Torres González en Poza Rica y el 8 de febrero fue secuestrada la reportera Anabel Flores Salazar en Orizaba, y su cuerpo con huellas de violencia se localizó un día después.
Como bien lo manifiesta en su editorial el diario El Piñero de la Cuenca, donde laboraba Tamayo, éste era un periodista incómodo y su quehacer era complicado. Documentaba hechos de violencia y protestas sociales, y eso lo llevó a que muchas veces fuera intimidado por “las fuerzas del poder oficial”. “Era un reportero incómodo. Era un reportero que tenía la premisa de informar las situaciones de riesgo, las complicaciones de una región históricamente violenta. Era un reportero que marcó una vida al lado de una cámara y al son del teclado. Era un reportero. Y fue un reportero que murió teniendo el blindaje del Estado”, señala la editorial.
El crimen de Tamayo Rosas demuestra que el protocolo de protección del Gobierno Estatal es una farsa, abre la sospecha sobre los policías estatales asignados a la custodia del reportero, pues ayer mismo en las redes sociales se informó que la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública que vigilaba su domicilio coincidentemente se ausentó a la hora del ataque de los sicarios. Obviamente no hay detenidos. Y por si fuera poco, desde Palacio de Gobierno se inició una campaña para enlodar la imagen del periodista, aplicando la misma estrategia de siempre: hacerlo responsable de su propia muerte para encubrir a los responsables.
¿Y los de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas? Como rezanderos de alquiler, se dedican a darles el pésame a los deudos en comunicados, a jurar que atenderán a los familiares en sus trámites funerarios y acudirán al velatorio para fingir que lloran un rato la desgracia del compañero -de la cual viven y cobran muy bien-. Al menos eso lo hace la presidenta de esa paquiderma comisión, Benita González, quien se ha vuelto asidua a los velorios de los compañeros abatidos por los que no habla pero si reza.
A pesar de tener un sueldo de 60 mil pesos mensuales en esa comisión, Benita González dedica su tiempo a conducir los noticieros de una estación radiofónica propiedad de la exvocera estatal, la errática María Gina Domínguez, o sea cobra del erario y trabaja para la exfuncionaria, bonito caso. También cada uno de los siete comisionados recibe 30 mil pesos mensuales sin hacer nada, ni quiera presentarse a los funerales de los compañeros sacrificados. No tienen decoro.
En esto se equivoca la periodista y diputada electa, Marijose Gamboa, cuando habla de reconfigurar esa comisión. No, lo que urge es desaparecerla, correr a esa horda de zánganos que llevan varios años medrando de la tragedia del gremio. Ninguno se salva, aunque quieran lavarle la cara a Jorge Morales, quien se dedica a las sentencias de saliva y la catarsis del maquillaje. Todos se deben ir porque son una vergüenza para el gremio.
Desde este espacio una vez más se expresa el dolor y la indignación por la de un compañero periodista y se exige que se busque y castigue a los verdugos de Pedro Tamayo Rosas, tanto los que activaron el arma asesina como los que dieron la orden y los que permitieron las condiciones para que el crimen pudiera perpetrarse. Teniendo un Gobierno fallido tal exigencia parece un grito en el desierto, pero se tiene que hacer porque es deber de todos pedir que se detengan esos crímenes seriales contra los comunicadores.
En este mismo contexto está también la “ola” de persecuciones y represión contra activistas sociales. Hace apenas algunos días el luchador social, Jairo Guarneros Sosa fue víctima de un atentado en Orizaba que, afortunadamente, sólo le provocó heridas. Hoy Jairo ya se fue de la entidad porque su vida está en peligro, optó por el exilio porque en Veracruz los demonios andan sueltos. No es lugar para el periodismo ni para el activismo social, los que lo ejercen corren un verdadero riesgo mortal.
Otro asunto que se agrega al panorama de peligro es para los activistas que buscan a sus seres queridos que fueron víctimas de desaparición forzada. No hay que olvidar que el pasado 24 de junio fue asesinado en Poza Rica uno de los integrantes de esta Brigada, José Jesús Jiménez Gaona, quien se sumó al grupo de activistas con la esperanza de hallar a su hija de 23 años, desaparecida desde el 2011. Hoy, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas está en la zona de Paso del Macho rastreando fosas clandestinas y acaba de denunciar que la Fiscalía estatal retuvo durante tres meses los 10 mil fragmentos óseos localizados en la primera jornada de búsqueda en la zona de Amatlán de los Reyes y Córdoba.
Tras el señalamiento, apenas hace un par de días las autoridades locales trasladaron los restos a los laboratorios de la Policía Científica de la PGR. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno Estatal no sólo se niega a buscar a los desaparecidos, sino cuando le aportan evidencias primero las descalifica –acuérdense que inicialmente el Fiscal se burló de los activistas diciendo que eran “pedazos de madera” lo hallado- y después los retiene para evitar que se les practiquen análisis científicos y se identifique a las víctimas. Mucho dolo, y hasta parece que las autoridades veracruzanas les cubren las espaldas a los responsables de esas desapariciones forzadas.
Lo que sucede en Veracruz con los periodistas, los luchadores sociales y los familiares de personas desaparecidas, hacen recordar la reflexión que hace el escritor español Antonio Machado en su poema “Cantares” –musicalizado por el cantante Joan Manuel Serrat-: “Cuando el jilguero no puede cantar./ Cuando el poeta es un peregrino,/ cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino…”
ROBO TRANSEXENAL
En otros asuntos, pero no menos criminales. Ayer los diputados del PRI, PVEM y Panal, en el Congreso Local aprobaron un nuevo atraco para los veracruzanos al modificar el fideicomiso que administra la recaudación del Impuesto a la Nómina con el fin de utilizar ese dinero para pagar más de 11 mil millones de pesos que el g
Gobierno estatal dejará como deuda a proveedores y prestadores de servicios. Muchas de las empresas beneficiadas son propiedad de los mismos funcionarios estatales a través de prestanombres y otras son “fantasma”, es decir no existen y son para que sigan robando una vez concluido el sexenio.
Así, el dinero que paguen empresarios y trabajadores como un gravamen será ocupado en pagar deudas, pero también en continuar engrosando los bolsillos de los funcionarios que tejieron el entramado para extender la expoliación de recursos públicos en los próximos cinco o seis años. Por eso es acertada la decisión de varias cámaras empresariales para dejar de pagar el Impuesto a la Nómina en lo que resta de la administración estatal y también el anuncio del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, para cancelar multas, recargos y actualizaciones a todos los decidan suspender sus aportaciones fiscales por ese concepto.
Más aún, el entuerto aprobado ayer en el Congreso Local tiene reversa, pues el mismo Yunes Linares anticipó que analizará desaparecer dicho impuesto en aras de evitar el “robo transexenal”, y el anuncio fue acompañado con la advertencia de que habrá consecuencias legales para los que propusieron ese atraco y para quienes lo aprobaron: “No van a poder dormir tranquilos porque la Ley irá sobre ellos. Lo de hoy (ayer) no tendrá perdón y serán severamente sancionados”. Vaya, ojalá cumpla y castigue a todos esos pillos.
AÑO DE LA URGENCIA
La canícula azota a Francia y los parisinos se sofocan, pues el termómetro ya llegó a marcar 35 grados Celsius, aunque hasta el momento no se ha roto el récord del año pasado cuando se alcanzaron los 40 grados Celsius y se consideró como el verano más cálido de los últimos sesenta años. Y al calor veraniego se agrega la emergencia por el terrorismo que ya es permanente en Francia, pues la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) y el Senado, aprobaron el martes pasado mantener otros seis meses el llamado “Estado de Urgencia”, es decir, hasta enero de 2017.
El “Estado de Urgencia” fue decretado tras los atentados de 13 de noviembre de 2015, y por primera vez desde de la Segunda Guerra Mundial, Francia estará bajo emergencia durante un año completo. El 2016 es, pues, el año de la urgencia para el país galo. Esta medida de excepción limita los derechos civiles y permite a las autoridades policíacas la revisión de personas en cualquier lugar, el ingreso a domicilios y la realización de cateos sin previa orden judicial.
También incluye la prohibición de concentraciones en la vía pública y la detención o expulsión de individuos que sean sospechosos de tener nexos con grupos terroristas o radicalizados en el Islam. En tanto, a una semana del ataque ‘terrorista’ en Niza, que dejó 84 personas muertas –algunos dicen que más que reivindicación de parte del Estado Islámico fue “adopción”, pues en realidad no fue planeado sino resultado de un llamado al aire de sus califas extremistas- se sumaron otros dos atentados en Europa, uno en Baviera, Alemania y otro en los Alpes franceses, que dejaron diez personas heridas con cuchillos y hachas.
En este contexto, actualmente en Francia se realizan dos eventos emblemáticos sobre los que se temen posibles atentados: el Tour de France que concluye el próximo domingo, cuando los ciclistas recorran la avenida de los Campos Elíseos y crucen la meta en el Arco del Triunfo, y la 70 edición del Festival Internacional de Teatro en Aviñón, que también finaliza el domingo. Ambos están bajo extrema vigilancia porque son tentaciones para el Daech.
