DE-CRETINO COVID
Oficialmente se llama Decreto 294 y entró en vigor ayer en Veracruz. El primer párrafo establece que la “segunda semana contra la tercera ola Covid-19” se extenderá hasta el 02 de agosto. El segundo, es un exhorto -no un mandato como correspondería a un pedido público ante la emergencia – a la población, “en especial a los jóvenes” para -¡noten esta perla!- que “se autorregulen (sic) y hagan conciencia (otro sic) para evitar aglomeraciones en lugares abiertos y cerrados (recontra sic)”. “Autorregularse” y “hacer conciencia” son términos casi religiosos, como si fueran dogmas de fe.
Y acota: “así como mantener las medidas sanitarias y recomendaciones como sana distancia, buen uso (más sic) del cubrebocas y lavado de manos (otro sic). Así como a retomar estrictamente (¡sic!) dichas medidas correspondientes al semáforo epidemiológico municipal que ha emitido la autoridad sanitaria del Estado (sic, otra vez). Ojo, el ‘sic’ significa que así exactamente está publicado aunque haya sido escrito con las patas por contener errores ortográficos y sintácticos o ser incomprensibles.
Por ejemplo, ese párrafo da a entender que son los jóvenes y no la autoridad los que tienen la responsabilidad de enfrentar la tercera ‘ola’ pandémica haciendo “buen uso” -no llevándola-, de la mascarilla y también haciendo “buen uso del lavado de manos”, ¿qué significará eso? Y los mismos jóvenes son los que deben retomar “estrictamente” -¿pues no que era al libre albedrío eso de autorregularse?- el ‘semáforo epidemiológico’ de cada municipio. Lo de “Estado” con mayúscula es porque al que redactó el texto le falta poco para rebuznar.
El tercer párrafo es otro “exhorto” a los alcaldes para “controlar eventos masivos y evitar aglomeraciones” -¿no sería mejor prohibirlos?- y “coadyuvar a que la población aplique las medidas sanitarias”. Vaya, eso significa que la población y en especial los jóvenes son los que deben hacer la tarea del gobierno estatal. En segundo lugar están los ediles mientras que los funcionarios del cuitlahuismo se mecen en la hamaca y se rascan la panza.
Y el perlario de sandeces no termina pues el decretazo concluye que son ellos, los jóvenes y los alcaldes, quienes están obligados a “proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal (sic) frente al riesgo que representa la pandemia”. ¿Dónde queda la autoridad estatal?, ¿no hará nada? Bueno, en ese texto se puso un artículo transitorio, el tercero, que dice “se instruye a las autoridades estatales para que, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada den seguimiento al presente decreto”.
No le fija ninguna obligatoriedad ni es una instrucción directa sino otra suerte de súplica para “dar seguimiento” a ver si los alcaldes y los jóvenes acatan ese ‘llamado a misa’. Traducción: al gobierno cuitlahuista le vale un cacahuate que la entidad esté hirviendo de contagios pandémicos, que miles se estén infectado y muchos acaben hospitalizados, conectados a un respirador mecánico o, en el peor de los casos, muertos.
El gobernante en turno, Cuitláhuac García, quien firma el Decreto 294 no se asume como responsable de la crisis sanitaria ni tampoco como el obligado a garantizar la salud de la población. Son otros, no él. Vaya, en el mismo texto se aprecia la importancia que le da al tema porque de las 9 páginas solo en media cuartilla están esos tres párrafos de sugerencias -un cuarto es el insulso transitorio referido-. Es decir, de 45 párrafos de toda la redacción únicamente ocupa cuatro para tratar la emergencia actual, el 6 por ciento de todo el espacio.
Y lo que no está escrito también se debe leer. García Jiménez clama por “controlar eventos masivos” y “evitar aglomeraciones”, pero evitar prohibir la consulta popular del primero de agosto -que está dentro de la semana epidemiológica- con la que el gobierno estatal, los líderes de Morena y los llamados Siervo de la Nación pretenden acarrear a miles de personas para que acudan a las mesas de votación. Eso serán focos de contagio seguros, pero en el decretazo se ignoran.
El resumen, lo que debería ser un edicto para salvaguardar la salud es mera saliva sobre papel. Ese decreto no protege a nadie sino se emitió para evadir responsabilidades de los funcionarios. Lo que debió ser una orden gubernamental para impedir focos de contagio, fijar cierres perimetrales, controlar la movilidad de posibles vectores, aplicar test clínicos masivos para geoubicar al virus así como intensificar el proceso de vacunación, es mera chunga. Así, lo que ayer entró en vigencia para Veracruz no es un decreto sino un “de-cretino” como bien dicen los claridosos.
VERGÜENZA NACIONAL
En el mismo tema sanitario, hay un asunto para el anecdotario de lo insólito: un mes después de permanecer en calidad de “desaparecidos” los medicamentos para niños con cáncer que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) envió a Veracruz ¡ya sé terminaron!, según informó el gobierno estatal. ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y ¿a quién se los aplicaron?, preguntan los familiares de los pacientes oncológicos que ni los vieron pasar y siguen batallando para conseguir los fármacos.
La dependencia que encabeza Roberto Ramos Alor respondió así a las peticiones de los representantes del Insabi y de los mismos familiares niños enfermos sobre el paradero de los medicamentos liberados desde el 24 junio. En la parca respuesta, Ramos Alor indicó que esas medicinas se entregaron en el Hospital Regional de Veracruz y el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) de Jalapa, pero como eran muy pocos se
agotaron rápidamente.
Por supuesto que suena a mentira pues los familiares de los niños con cáncer afirman que sigue el desabasto y la dependencia local no entregó ni un gotero. Hasta la fecha, el único apoyo que han recibido los pacientes infantiles vino de la sociedad civil pues la organización “Nariz Roja” con sede en Jalisco logró recaudar más de seis millones de pesos y de ellos un millón se entregaron en Veracruz. Esto gracias a una colecta llamada “Milagro” y que en esa palabra describe la esencia de ese apoyo
emergente.
Hay muchas especulaciones en torno a esas medicinas, antes “desaparecidas” y ahora “agotadas”, y una de ellas apunta a un enorme negocio de los funcionarios estatales a costa de la tragedia de los enfermos. El ‘mercado negro’ de medicamentos es lo que se menciona insistentemente en torno a este asunto tan apestoso que requiere una investigación judicial para deslindar responsabilidades y llevar a la cárcel a los que se roban las fórmulas oncológicas y a quienes
toleran ese latrocinio.
Claro, seguramente en este sexenio no investigarán el robo, pero como va engarzado a un crimen de lesa humanidad el próximo mandatario y los próximos legisladores -para después del 2024- deberán empujar una indagatoria penal para castigar a los ladrones de medicinas y llevar a tribunales tanto a Ramos Alor como a Cuitláhuac García por este atentado contra los pequeños que sufren padecimientos
cancerígenos.
También el sábado pasado en la Ciudad de México se realizó la marcha nacional “¡Quimios Sí!” en la que padres y familiares de niños con cáncer exigieron, por enésima ocasión, que se termine con el desabasto de las fórmulas para quimioterapias y los medicamentos complementarios en las terapias de los niños enfermos. A eso se llegó en México, a que los enfermos tengan que salir a la calle y pedir a gritos que los ayuden a sobrevivir. Es una
vergüenza nacional.
¿La respuesta del gobierno? Que para finales de agosto o principios de septiembre se tendrán las fórmulas oncológicas faltantes. Mientras tanto, a mediados de la semana pasada falleció otro pequeño en Veracruz a causa de la interrupción de su tratamiento contra el cáncer. Se llamaba Claudia y tenía un tumor en uno de sus brazos, y sus padres maniobraban por conseguir los medicamentos para su tratamiento que le negaron en la llamada Torre Pediátrica del puerto de Veracruz. Con ella suman ocho los niños que han perecido en ese centro hospitalario y once a nivel estatal como consecuencia de la falta de medicamentos. Otra vergüenza total.
GRATITUD ¡YA!
Es una noticia escasa en la prensa aunque no en la cotidianidad: unos migrantes extranjeros ayudaron a una familia mexicana a salvar a vida en el mar de Coatzacoalcos. Se trata de tres jóvenes indocumentados provenientes de Honduras y El Salvador que se encontraban el domingo pasado en la playa cuando sucedió el percance y sin pensarlo se lanzaron al agua para rescatar a lo integrantes de la familia hidalguense quienes, a su vez, intentaban ayudar a otros parientes que se ahogaban. Tres perecieron, es cierto, pero otros lograron sobrevivir gracias a la ayuda de los migrantes.
Lo más desagradable es que desde las secretarías de Seguridad Pública y Protección Civil se minimizó la intervención de los jóvenes centroamericanos atribuyendo el rescate solo a los agentes estatales. Como siempre, ante la mezquindad oficial entró al quite la sociedad civil y ya varios restaurantes de la zona playera de Coatzacoalcos se comprometieron a invitar a comer a los héroes como agradecimiento. Eso y más se merecen.
En cualquier otro país, la gratitud gubernamental ante este tipo de acciones que significan vidas salvadas se traduce en la entrega de la nacionalidad a los protagonistas, es decir regularizar su situación migratoria, además de obsequiarles una oportunidad de subsistencia con un empleo fijo y una inscripción becada para cursar estudios. Es lo mínimo, aunque dada la política de la “cuarta transformación” para con los migrantes centroamericanos a esos tres chicos ya les fue bastante bien con que el cuitlahuismo no les haya mandado la Guardia Nacional para capturarlos a golpe de macana para después deportarlos.
