Un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) emitir órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos que habían sido acusados de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Este 21 de septiembre, la columna de Raymundo Riva Palacio en el periódico El Financiero reveló que las órdenes judiciales pretendían que los imputados -científicos, investigadores, académicos y administrativos de instituciones educativas- fueran trasladados al penal de máxima seguridad del Atiplano luego de que la FGR recibiera una denuncia de los hechos interpuesta por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.
