Agencias
Estados Unidos.- La administración del presidente Biden está considerando la implementación de nuevas restricciones al asilo y la expansión de los procesos de deportación como parte de un proyecto de ley de financiación suplementaria. Esta medida tiene como objetivo asegurar la aprobación de nuevos fondos para Ucrania e Israel. La Casa Blanca y el Congreso buscan un acuerdo urgente que brinde ayuda militar a estas naciones aliadas y aborde la cuestión de la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México antes de las vacaciones de Navidad.
Los republicanos condicionan su apoyo a más fondos para Ucrania a medidas adicionales para reducir la inmigración ilegal en la frontera. Esta compleja negociación involucra asuntos aparentemente no relacionados. En respuesta, el presidente Biden, buscando un compromiso, ha expresado su disposición a hacer concesiones significativas en materia de seguridad fronteriza. Entre las posibles medidas se encuentran elevar el nivel de los controles iniciales de asilo y considerar una cláusula de “tercer país seguro” para negar el asilo a aquellos que pasen por otro país antes de llegar a Estados Unidos. También se contempla la ampliación del proceso de deportación rápida conocido como “expulsión acelerada”.
La Cámara de Representantes y el Senado tienen un plazo ajustado para aprobar la legislación antes del cierre de actividades el 14 de diciembre, lo que destaca la urgencia de llegar a un acuerdo. La administración Biden busca equilibrar los intereses en juego, abordando tanto las prioridades de seguridad fronteriza como la asistencia militar a sus aliados internacionales.
