AGENCIA
Xalapa. – Los impactantes números revelados por la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, pintan un sombrío panorama de impunidad y complicidad en la administración pública de Veracruz. Con 351 denuncias pendientes desde 2007 y un presunto daño patrimonial de 35 mil 723 millones de pesos, la justicia parece eludir a los ciudadanos afectados, al recuperar sólo 2 mil 21 millones 544 mil 479.57 pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2011 al 2022.
Esta cifra es apenas una fracción mínima de los desfalcos. La falta de claridad sobre el destino de la mayoría de los recursos perdidos cuestiona la efectividad de los mecanismos de recuperación.
La situación se torna aún más alarmante al descubrir que 171 denuncias están vinculadas a la actual administración, con un presunto daño patrimonial de 849 millones 32 mil 723 pesos. La falta de acciones contundentes y consecuencias palpables sugiere una preocupante falta de voluntad para abordar la corrupción en la esfera pública.
La auditora González Cobos añade una capa de opacidad al señalar que entre el 60 y 70% de las denuncias están judicializadas. La incertidumbre sobre órdenes de aprehensión genera impotencia en la ciudadanía, que ve cómo los responsables de dilapidar recursos públicos continúan sin enfrentar la justicia.
Mientras tanto, la espera de justicia persiste para los ciudadanos de Córdoba y Orizaba, quienes observan con incredulidad que figuras como Igor Rojí López aún no han sido denunciados ni han restituido lo sustraído.
Cabe mencionar que el ex priista, enfrenta observaciones pendientes por 42 millones 634 mil 853 pesos en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021 durante su periodo como alcalde. Aunque no hay denuncias penales, el Órgano de Fiscalización Superior aún sigue inactivo, en espera la justificación de dichos recursos.
