Desde el inicio de las indagatorias sobre lo sucedido a los normalistas en Iguala, Guerrero, un tema generó alta controversia: ¿la desaparición de 43 jóvenes puede ser tipificado como delito de “desaparición forzada de persona” o sólo cómo secuestro? El Código Penal federal, en su artículo 215-A, define que comete el primer delito “…el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”. Si este fuera el caso, estamos ante un crimen calificado de lesa humanidad. Con base al protocolo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de ocho horas de la desaparición de los estudiantes ya se consideraba conformado este delito.
Además, el embajador de México ante la Unión Europea, el diplomático Juan José Gómez Camacho, definió en un artículo de 2007 en la Revista Mexicana de Política Exterior que “…la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad, es que en este caso el Estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida. Éste es un delito específicamente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión”.
La controversia para definir qué tipo de delito se cometió surge por el nivel de responsabilidades con las que se tendrán que enfrentar quienes han estado al frente de las investigaciones. Desde el primer día de los hechos en Iguala se evidenció la ausencia de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, toda vez que el segundo era responsable de los actos
criminales.
Por otra parte, los especialistas de los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales refieren que no existen protocolos para buscar a personas desaparecidas en nuestro país. Además, en este caso, aparentemente, con una falsa pista se buscaron los cuerpos sin vida de las víctimas. Por si fuera poco, la exhumación de los cuerpos encontrados no fue con métodos adecuados ni con personal especializado (antropólogos forenses).
La ausencia de una estrategia adecuada de investigación y búsqueda llevó a que las indagatorias se orientaran en un sentido que ha demostrado ser ineficaz para encontrarlos.
Desde el inicio de la “guerra contra la delincuencia organizada”, en 2006, las instituciones quedaron atrás normativa y estructuralmente para enfrentar los hechos. Guerrero es un ejemplo, los números de desapariciones en los últimos cinco años son mayores que cualquier otro estado de la República. Y ahí, el gobierno estatal no fue capaz de dimensionar lo que contenía la investigación de 2013 realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde señalaban el seguimiento a múltiples desapariciones de personas y la filtración de la delincuencia organizada en algunas instituciones de seguridad y procuración de justicia. Los resultados hoy están a la vista: desaparición forzada de estudiantes como en los viejos tiempos de la
guerra sucia.
Tenemos que aceptar que nuestro Estado no cuenta con un sistema de investigación para resolver ningún delito, mucho menos, para el de desaparición forzada de personas, por lo que es urgente que la Procuraduría General de la República (PGR) asuma la reforma constitucional que la convierte en una Fiscalía General. Seguramente con este cambio la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con la que cuenta, tendría mayores recursos y disminuiría considerablemente la impunidad al aplicar los protocolos que son necesarios.
Si bien la petición de licencia del cargo del gobernador Ángel Aguirre Rivero ayudará a disminuir la ingobernabilidad del estado, también es cierto que a nivel internacional nuestro país tiene que responder con una estrategia de cambios de fondo para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM
ruthzavaletas@hotmail.com
