LA PESTE Y LA GUERRA
La paradoja es que las fiestas de Todos los Santos llegaron a un México plagado de muerte y desolación. Los mexicanos tienen algo especial que los distingue del resto de los pobladores del planeta: saben matizar su tragedia con el humor. Así, la muerte que en la mayoría de las culturas es un tabú y se habla lo menos de ella posible, en México es un personaje animado al que se le baila, se le viste, se le canta y se le pone un sinnúmero de apodos.
Se hace fiesta de la convivencia diaria con la muerte y eso asombra al resto del mundo porque los mexicanos no le temen sino que la aceptan como algo cercano, casi familiar. Sin embargo, de unos años a la fecha la muerte en México pasó de ser un personaje animado a una realidad terrible que cabalga enlutando a destiempo los hogares. Las vidas cegadas de miles de personas, sobre todo jóvenes, a causa de la violencia provocada por el crimen organizado no es algo natural.
Hoy en día no se concluye el ciclo de vida con el abrazo final e inevitable –pero natural- a La Catrina o La Calaca sino que se interrumpe de tajo. Hoy el luto es forzado y generalizado. No hay día en que no se conozca una tragedia que acarre llantos y tristeza a miles de familias. Por eso se dice la fiesta de los llamados Fieles Difuntos llega de forma atípica, cuando hay muchAs más personas que recordar en los rituales. Muchos más a quienes poner una ofrenda, encender una veladora y dedicar una oración.
Eso solo ocurre en tiempos de guerra o pandemia pues ambas provocan un incremento inusual de defunciones . ¿Cuántos muertos a destiempo van en México?, algunos –los más conservadores- dicen que 30 mil, otros que 50 mil y otros mas estiman la cifra entre 90 y 100 mil. ¿Y desaparecidos?. El número oscila, según varias estimaciones, en 25 mil personas que tienen el riesgo inminente de no volver a ser vistas, es decir, de estar muertas. Lo anterior significa que el país está en guerra y lo azota la peste: la criminalidad y la corrupción gubernamental que la permite. Ese es el triste contexto de la fiesta de los fieles difuntos.
CRIMINALIZAR A LA VÍCTIMA
Una muestra de la barbarie mortal que recorre el país es, sin duda, el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde hace 35 días cuando fueron detenidos por policías municipales de Iguala y entregados a las bandas criminales para que supuestamente los masacraran. Ha transcurrido más de un mes y no se les ha podido localizar. La nación entera está enojada y la opinión pública internacional encolerizada contra el gobierno del copetón Enrique Peña Nieto que entró en crisis y está bajo tela de juicio.
Los funcionarios y políticos que permitieron el enseñoramiento del crimen organizado en Guerrero, así como en el resto del país, ahora no saben cómo salir del apuro y buscan turnar sus culpas a terceros. Así, desde el gobierno federal hay una campaña para criminalizar a las víctimas de Ayotzinapa porque se intenta hacer que los alumnos parezcan responsables de su propia suerte y así justificar la inacción de la justicia tanto preventiva como reactiva pues ninguna de las dos funcionó.
Hoy a los 43 normalistas se les señala de haber estado infiltrados por la guerrilla – léase el Ejército Popular Revolucionario (EPR)- para hacerlos pasar como transgresores de la ley que intentaban desestabilizar a los gobiernos estatal y federal. Todavía peor, se ha difundido la versión de que al menos 20 de esos jóvenes eran integrantes de un grupo criminal contrario al llamado “Guerreros Unidos”, el responsable de su secuestro, y por eso merecían el destino que tuvieron.
Esa es la respuesta del gobierno de Peña Nieto ante el clamor nacional e internacional para que se les busque y encuentre Los Pinos pretenden criminalizar a las víctimas para no allegarles justicia pero el acusar a los estudiantes de ser responsables de su propia desgracia, no solo es miserable sino hasta estúpido. Se les volverá en contra porque han sido tan obvios y tan ineficaces que ya nadie les cree. Lo que son las cosas pues ahora Peña Nieto y su procurador, Jesús Murillo Karam hasta parece que están siguiendo la receta del gobernante veracruzano y su procurador Luis Ángel Bravo Peña, expertos en culpar a las víctimas.
Los padres de los estudiantes guerrerenses han retado al gobierno federal a ir a sus hogares para verificar la pobreza en el viven –no hay que olvidar que además de ser pobres, son indígenas los jóvenes desaparecidos- y también se negaron a dar el voto de confianza al copetón Enrique Peña Nieto, con el que se reunieron la tarde del miércoles pues no le creen el discurso de que están buscando a sus hijos ni que “se aplicará la ley tope donde tope”. De ser así, ya el ahora exgoberandor de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estuvieran presos.
Al primero en lugar de destituirlo, le buscaron una salida negociada a través de la figura de licencia al cargo y se especula que no será tocado judicialmente mientras que el edil lleva un mes prófugo sin que haya corporación policiaca que lo localice y lo detenga. Su huida del estado de Guerrero y su permanencia como ilocalizable solo se explica que alguien poderoso en el mismo gobierno federal lo está protegiendo.
Por otro lado, también acorralados por sus cercanías con el ahora exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tanto Peña Nieto como varios priístas y la corriente de Los Chuchos al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentan lavarse la cara enlodada con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, señalándolo de tener relación con los Abarca y con Rivero.
Vaya que son cara-dura estos señores. Peña Nieto fue protector de Aguirre Rivero, lo consintió desde que llegó al poder y no hizo nada por investigarlo cuando abundaban los señalamientos en su contra mientras que su procurador Jesús Murillo Karam se negó a procesar al munícipe igualteco aún cuando le presentaron testimonios notariados de sus nexos con el crimen organizado y su responsabilidad en el asesinato de líderes comunitarios.
Sinvergüenzas son también el dirigente nacional del tricolor, Cesar Camacho y el líder de los diputados priístas y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones que acusan a López Obrador cuando ellos si han sido protectores de personajes tan inconfesables como los exgogernantes de Tamaulipas, Coahuila, Morelos, Veracruz y Michoacán, señalados de cosas terribles. Es más, al propio Beltrones se le ha acusado de amistades y complicidades similares. No hay que olvidar que los mismos priístas lo apodan “Don Beltrone”, en alusión al capo de origen italiano Al Capone.
Y qué decir de Jesús Zambrano, una de las cabecillas de la corriente conocida como Los Chuchos que tiene secuestrado al Sol Azteca. El exdirigente nacional del PRD fue quien ayudó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca a huir de Guerrero, preparó su ruta e incluso tres días antes salir del ayuntamiento se reunió personalmente con él para arroparlo. Ahora intenta sacudirse los señalamientos acusando a un tercero. Lanza acusaciones al compas del gobierno peñista y del tricolor.
Ahora sí, otra vez hay un “compló” contra El Peje: los impresentables y enlodados se unen para transferirle la culpa de lo que ellos hicieron. Empero, si alguien tiene que rendir explicaciones a la opinión pública son los dirigentes perredistas y el propio Peña Nieto que está bajo cuestionamiento internacional. La narco- política de Guerrero es una marca que tanto el ocupante de Los Pinos como los Chuchos del descreditado PRD llevarán en la frente.
LA OTRA ENCOMIENDA
En el mismo tema de seguridad pública, en Veracruz se tiene que además de fungir como guardaespaldas de funcionarios , la súper policía llamada Fuerza Civil tiene otra encomienda inmediata que es hostigar a los maestros y catedráticos de las universidades que planean continuar con las movilizaciones por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Los agentes adiestrados de Arturo Bermúdez se apersonan en las manifestaciones e incluso en las instalaciones universitarias para tomar fotografías y filmar a los manifestantes, recabar datos personales y en algunos casos a interceptar, retener por algunas horas y amenazar directamente a los alumnos.
Las regiones de Jalapa y Coatzacoalcos es donde más se han registrado este hostigamiento de parte de la Fuerza Civil. Los mismos académicos –más de ochenta de ellos- firmaron un exhorto público que está dirigido al gobernante Javier Duarte de Ochoa para que desista de la tentación de reprimir a los estudiantes que salgan a las calles para manifestarse durante los días en que se realicen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El pasado miércoles los maestros y estudiantes hicieron responsable directamente al cordobés si alguno de ellos es detenido por la policía estatal, aparece sin vida o nunca vuelve a saberse de su paradero.
No hablan al garete ni se aprovechan del miedo que hay por el caso de los normalistas de Ayotzinapa sino que lo hacen con conocimiento de causa y por las experiencias terroríficas que se tienen en Veracruz donde decenas de jóvenes están desaparecidos después de haber sido intervenidos por los policías bermudianos. En Córdoba, Atoyac y la región de Orizaba hay 25 jóvenes desaparecidos desde hace un años cuando fueron detenidos por policías estatales y en el sur del estado, los policías de Bermúdez Zurita detuvieron a cinco jóvenes en la carretera que une a Minatitlán y Cosoleacaque, y semanas después, el cadáver de uno de ellos identificado como Nathanael Fernández Alcántara apareció en una fosa clandestina localizada en Tatahuicapan.
La administración estatal teme que las protestas en su contra convulsionen al estado durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe y pongan en evidencia internacional el desastre que tiene en Veracruz. La advertencia de los universitarios no debe tomarse a la ligera porque indica que el gobernante está dispuesto a callar el repudio contra su administración a costa de todo y coquetea con la represión masiva. ¿Se atreverán a desaparecer a los jóvenes estudiantes y a hacer su propia versión de Iguala?.
