Washington.- En medio de la peor crisis política que ha enfrentado el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó los avances de México en materia de derechos humanos durante una tensa audiencia marcada por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa y la ejecución de 22 personas en Tlatlaya.
La audiencia, celebrada el jueves puso de manifiesto el abismo que existe entre las posiciones sobre derecho humanos entre la Comisión y la sociedad civil, por un lado, y el gobierno de México, por el otro.
Mientras que el secretario ejecutivo de la organización, Emilio Álvarez Icaza dijo que Ayotzinapa y Tlatlaya “ponen una señal de alarma,” los representantes del Estado mexicano destacaron el esfuerzo del gobierno de EPN para implementar un plan integral nacional de derechos humanos.
Durante la audiencia, el comisionado James Cavallaro, relator para México, consideró que “los recientes casos de desapariciones son incidentes extremadamente graves, pero no son aislados. Estamos hablando de miles de casos que se repiten”. Cavallaro dijo percibir un “contraste fuerte” entre la buena voluntad de las autoridades federales y la actuación de autoridades estatales y municipales. “¿Cómo superar este desafío?”, preguntó.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, reconoció que México “está viviendo un momento que sin duda pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza”. Limón subrayó que el gobierno “ha manifestado su compromiso de manera diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables” y localizar a los estudiantes.
En declaraciones a la prensa, Álvarez Icaza instó a multiplicar los esfuerzos para encontrar a los jóvenes con vida.
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