Primero, cuando cientos, miles de estudiantes se movilizaron para tomar las calles de Iguala y otras localidades en protesta (medianamente pacífica) por la represión que costó la vida a media docena de jóvenes y derivó en la detención y posterior ejecución de 43 normalistas de Ayotizinapa.
El Estado, la autoridad local y estatal entonces, poco o nada hizo para atender las demandas de los manifestantes y buscar, con ellos, una solución a la problemática expuesta.
Luego, a medida que activistas “profesionales” asumían el liderazgo de la protesta social, ésta, al paso de los días, se tornó cada vez más violenta y del ataque a edificios públicos en Guerrero.
La quema incluso de algunos, pasó a la interrupción por parte ya de personajes embozados y violentos que exhibían su absoluto desprecio por la autoridad, de la circulación sobre la Autopista del Sol.
Al cierre de Insurgentes sur y a la destrucción de la estación Ciudad Universitaria del Metrobús capitalino y, finalmente, a la vandalización del emblemático Palacio Nacional. En absolutamente todos los casos, la autoridad estuvo ahí, pero nada hizo.
Nada por impedir el ataque de los violentos ni por detener y aplicar la ley a los pocos que, amparados en el anonimato, seguros de su impunidad, atentaron una y otra vez contra el derecho de la mayoría.
“Es el costo de la (mal entendida) tolerancia…”, intentaría justificar alguno.
Que nadie entonces se llame a sorpresa por lo ocurrido la noche del sábado frente al Zócalo capitalino…
¿O no es verdad que la autoridad, las tres instancias de gobierno, cada una en su particular ámbito de competencia, conoce con absoluta certeza la identidad de quienes se esconden tras las capuchas?
¿Qué los cuerpos de seguridad e inteligencia policial y/o militar cuentan con la capacidad y adiestramiento necesarios para enfrentar y eventualmente someter al orden a estos grupos de activistas?
¿No es verdad que, como ayer, en muchos de los eventos mencionados, la policía ha detenido a alguno de los implicados y que, no de manera esporádica, ha terminado liberándolos?
Preguntémonos entonces si no llegó ya el momento de frenar esta peligrosa escalada de violencia que pone en entredicho la viabilidad de México como nación, de simplemente aplicar la ley y, distinguiendo la auténtica protesta social del actuar de los vándalos y violentos.
Avanzar en la atención de demandas legítimas y en la solución de los muchos problemas que aquejan al país y amenazan hundir en la ingobernabilidad…
Asteriscos
* Si bien el tema central de la próxima 98 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que lidera el cardenal Francisco Robles Ortega, de Guadalajara.
No será otro que el análisis de las nuevas tecnologías de la información, es un hecho que la jerarquía católica dedicará buena parte del tiempo del encuentro semestral a evaluar la difícil situación que, en materia de inseguridad y violencia enfrenta el país.
