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Peña sí incurrió en conflicto de interés

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México.- La reacción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante el escándalo ya conocido como “Casa Blanca”, dejó más dudas que certezas sobre su patrimonio. 

Con aparente malestar, él y su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado, aportaron datos sobre la residencia cuestionada y otros bienes, lo cual, más allá del sentimiento de ofensa expresado por la esposa del mandatario, confirmó los indicios de que hay un conflicto de interés.

La investigación periodística del portal Aristegui Noticias –publicado simultáneamente en el número 1984 de Proceso–, titulada “La casa blanca de Peña Nieto”, reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, estaba escriturada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro.

Esa razón social pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, accionista mayoritario del Grupo Higa, corporativo que en menos de dos años del Gobierno Federal de Peña Nieto ha sumado 22 mil millones de pesos (mdp) en contratos de obra, conforme a lo que se ha transparentado hasta ahora; además, durante el periodo de éste como gobernador del Estado de México, la empresa obtuvo contratos por más de 35 mil mdp.

Aunque el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, dijo al menos dos veces que no existe conflicto de interés, los datos expuestos por Rivera corroboraron que Hinojosa Cantú –a quien dijo conocer, “como a muchas otras personas”– construyó la residencia y la financió.

Para el jurista Jaime Cárdenas, hay suficientes elementos para pensar que hay conflicto de interés, pues Hinojosa Cantú, quien celebró el contrato de compraventa de la casa, se ha favorecido con contrataciones del Gobierno federal, tan importantes como la del tren México-Querétaro o el proyecto hidráulico Monterrey VI.

Doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cárdenas recuerda que el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como obligación excusarse de intervenir “por motivo de su encargo” en asuntos donde tenga interés personal, familiar y de negocios o que puedan resultar en un beneficio para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles o para terceros con relación profesional, laboral o de negocios, o sociedades de las que formen o hayan formado parte.

A la luz de ese precepto, Cárdenas precisa que no es Rivera quien incurrió en conflicto de interés sino Peña Nieto.

 

agencia

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