Las reacciones al plan de Peña Nieto dejan el sabor de un Presidente aislado en los muros de palacio.
La parafernalia del anuncio con representantes de los Poderes, gobernadores y mandos militares que enviaría un mensaje del poder del Estado contra la inseguridad, se diluyó en la voz solitaria del Ejecutivo que parece no haber aprovechado la oportunidad para convencer que sabe cómo rescatar las instituciones de la infiltración del crimen, violencia y la corrupción con respuestas diferentes
al pasado.
Trató de mostrar fuerza con iniciativas para dar un “manotazo” a presidentes municipales involucrados con el narco, de corresponsabilizar a los gobiernos estatales e impedir al Congreso distanciarse de las soluciones, pero sin la imagen de liderazgo eficaz que destrabó las reformas económicas en los últimos dos años.
Menos aún de tener una respuesta creíble para remontar la
crisis política.
Su decálogo contra la impunidad fue recibido con cautela, escepticismo y críticas de los partidos, organizaciones civiles nacionales e internacionales, por juzgarse insuficiente y no ofrecer una explicación del manejo de la seguridad y corrupción que salpica a
su Gobierno.
Se ve como un catálogo de iniciativas que hacen depender el curso de las acciones del Congreso y de la voluntad de los gobiernos estatales, sin un real ejercicio de rendición de cuentas y la presentación de una estrategia clara.
Además, pretende retomar la iniciativa sin el marco de negociación del Pacto y sin consensos con la oposición sobre la estrategia contra el crimen.
¿Tiene el Presidente recursos para enfrentar la violencia sólo desde el Ejecutivo?
¿Es viable su plan sin consensos con la oposición, cuando más de la mitad de sus propuestas tienen que pasar por el Congreso?
¿Está dispuesta la oposición a aprobar medidas centralistas que debiliten el poder local como facultar a la Presidencia para disolver alcaldías? ¿Es el camino para
fortalecer instituciones?
Estas dudas recorren el Congreso. Por ello es difícil comprender que tomara ese camino sin un acuerdo con los partidos.
¿Son juegos pirotécnicos o un discurso electoral, como
cuestionó el PAN?
A punto de cumplir dos años en el cargo, se ven lejanas las escenas del abrazo de los tres partidos mayoritarios en el arranque de su Gobierno con un paquete de casi 100 iniciativas del Pacto por México.
Esta vez la convocatoria presidencial no estuvo arropada por los acuerdos que dejaron una docena de reformas constitucionales y la idea de que se había roto el maleficio de los desacuerdos que en el último sexenio bloquearon iniciativas como el Mando Único, que hoy incluye en su plan de choque
contra la inseguridad.
La política de consensos se trastocó ahora en el reclamo del PRI a las otras fuerzas políticas de no abandonar al Presidente, ni ser omisos con sus iniciativas.
Al acto ni siquiera acudieron los presidentes del PAN y PRD, que ya habían desoído el llamado a reeditar un pacto contra la inseguridad antes que viajara a China.
Desde el Congreso salieron los mayores reclamos de falta de autocrítica respecto a la corrupción por el escándalo de la millonaria casa de las Lomas, las limitaciones de la propuesta y la asunción de responsabilidades políticas.
De la ruptura puede pensarse que ha vuelto a imponerse el cálculo electoral de cara al 2015, con la oportunidad de capitalizar el descontento por las tardías y erráticas respuestas del Gobierno a la crisis.
La oposición le dice al Presidente que han pasado todas sus propuestas en el Congreso, pero que ha fallado en la implementación de las reformas y que ahora no le darán un “cheque en blanco”
con su nuevo plan.
Pero la crisis de Iguala podría ser de mayor calado.
La crisis de derechos humanos que develó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por un lado, parece haber fracturado el pacto de silencio que allanó el regreso del PRI con el Gobierno panista, y por el otro, demostró la falta de consensos para salir de la guerra contra las drogas.
Por primera vez, el presidente del PRI, César Camacho, acusó al Gobierno de Calderón de la “secuela absurda” de la violencia que vive el país; y Peña Nieto señaló la ley de narcomenudeo como causa de la infiltración del crimen en las
instituciones.
A la vez que retomó iniciativas del pasado Gobierno en su nueva propuesta contra la inseguridad y con ello acabó de poner fin a su promesa de cambiar la estrategia contra las drogas, pero sin salir de su laberinto.
Es decir, que quedamos más a menos igual a pesar de que el propio mensaje presidencial reconoce que no podemos seguir así.
Analista político
jbuendiah@gmail.com
Twitter: @jbuendiah
