Córdoba.- El Colectivo Defensa Verde denunció que la Hidroeléctrica El Naranjal incurre en ilegalidades al realizar contratos de compra-venta de terrenos, con el objetivo de instalar la generadora de energía, aún y cuando el permiso para realizar los contratos venció en el año 2011.
La empresa insiste en forzar ventas a los propietarios de la región, indicaron representantes de la asociación ecológica.
Aunque hayan realizado cambios en el proyecto, deben realizar otra manifestación de impacto ambiental.
Gabriela Sáinz Cadena, Lilia Jiménez Romero y Francisco Jiménez Ramírez, integrantes de Colectivo Verde, en rueda de prensa, manifestaron que realizarán este viernes, a partir de las 8:00 de la mañana, un recorrido por el Área Natural Protegida que se quiere afectar, partiendo de la cabecera municipal de Amatlan.
Son15 ejidos, de los municipios de Ixtaczoquitlán, Amatlán, Cuichapa y Yanga, los que se afectarían con la desviación del cauce del río Blanco, donde el 80 por ciento del territorio es zona rural y serían afectados más de 30 mil habitantes.
Por ello, aseguraron, mantendrán la defensa del cauce para no afectar el ecosistema, del que dependen también varias especies de flora y fauna endémicas.
Apuntaron que, a pesar de ser área natural protegida desde hace dos años, no se ha cumplido el compromiso del Gobierno del Estado para que sea respetada, para que se garantice la preservación y conservación del área, y no se den los permisos a la empresa.
Los activistas requieren saber el estado que guarda el ejido, ya que les sorprendió que, en una nota periodística, la empresa informara que ya adquirieron el 70 por ciento de los ejidos, cuando el territorio está amparado, bajo el número de juicio 904/2014 del índice del Juzgado Décimo Segundo del Séptimo Circuito.
Además, dijeron, la empresa ha emitido una serie de mentiras porque supuestamente crearán 750 empleos directos a campesinos, cuando serán labores para gente preparada.
“No hay credibilidad de la gente porque la empresa siempre actuó con engaños, no hizo una consulta pública del proyecto, e incluso, en las últimas presentaciones del impacto ambiental, no ha dado la información oportuna a la ciudadanía, porque la documentación no está actualizada”, expuso Gabriela Sainz.
Por su parte, Francisco Jiménez Ramírez, indicó que ejidatarios de Cuichapa han sido presionados para que accedan a vender la tierra, por ello, señaló que instituciones de gobierno, como la Procuraduría Agraria, están enteradas del caso.
Los activistas informaron que la Comisión Reguladora de Energía y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente admitieron haber otorgado a la empresa la concesión para generar energía, bajo la modalidad de autoabastecimiento y la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, por ello lamentan que haya contubernio entre la empresa e instancias del Gobierno.
SofÌa Dorantes Chávez
El Buen Tono
