Córdoba.- Regidores de oposición señalaron que no tiene validez el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Córdoba y el ciudadano José Antonio Domínguez Martínez, esposo de la Secretaria Particular del Alcalde, firmado desde el 1 de enero del 2014, por no estar apegado a las cláusulas de la Ley de Adquisiciones del Estado de Veracruz, y del artículo 1728 del Código Civil, en el que se señala que debe haber capacidad legal de las partes. Los ediles dijeron que esta hipótesis no se cumplió al firmarse un contrato sin la presencia del Sindico Único.
En rueda de prensa, los regidores Ernesto De Gasperín, Mirna Puertos, Ricardo Navarro y Humberta Solís señalaron como irregular que el contrato se haya realizado el primer día de la administración municipal, con la única autorización del presidente municipal, Tomás Ríos Bernal, cuando fue hasta la sesión de cabildo del 28 de febrero, el día que se autorizó que el Síndico y el Alcalde pudieran celebrar contratos menores a los 600 mil pesos, punto al que se opusieron los cuatro regidores de extracción priista.
En el análisis realizado en los contratos por 599 mil pesos, observaron que el convenio con José Antonio Domínguez por prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría en la realización y acompañamiento del Plan de Desarrollo Rural, Integral Sustentable del municipio de Córdoba, así como por el acompañamiento del desarrollo de un sistema de tratamiento de residuos sólidos, urbanos, producto de la recolección, es decir, la basura, detectaron que hay una omisión de representatividad legal.
“Se ve que le urgía contratar a esta persona. Es la primera irregularidad”, expresó Ernesto De Gasperín, al referir que el contrato sólo cuenta con la firma del Alcalde Tomás Ríos Bernal y por ley, el representante jurídico del Ayuntamiento es el Síndico, Luis Alberto García, de quien no aparece la firma.
En el análisis del contrato se tomó en cuenta el marco normativo: 16 reglamentos y leyes; entre ellos, la Constitución Política; la Ley Orgánica del Municipio Libre; la Ley de Adquisiciones del estado; la Ley de Obra Pública; la Ley de Fiscalización Superior; la Ley de Transparencia; el Código Civil del Estado de Veracruz; entre otros.
En la segunda parte del contrato encontraron tres anomalías: la falta de referencias de sus actividades profesionales que demuestren su experiencia; tampoco está inscrito en el Padrón de Proveedores, contemplado en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones; y no menciona la cédula profesional, por lo que no saben si cuenta con ella.
“Falta de reconocimiento; falta de fundamentación legal, requisito de forma, contenida en la fracción 15 de la Ley de Adquisiciones y la carencia de referencia; se considera un exceso de Tomás Ríos, como un acto discrecional, como una nula transparencia al adjudicar un servicio”, expuso el regidor.
Indicó que encontraron “muchas irregularidades”, como la falta de fecha y lugar de entrega del bien y servicio contratado, requisito que también lo contempla el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones del Estado. Así como la falta de la forma y lugar de pago, generando incertidumbre para efectos fiscales y falta de cláusula jurídica, por si no cumple el contrato.
Ricardo Navarro expuso que el Ayuntamiento está haciendo cosas “en lo oscurito”, ya que a Domínguez le pagan 20 mil pesos mensuales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, lo que señalaron es un acto discrecional. Señaló que el contrato no es válido de acuerdo al Código Civil, por ello debe haber una investigación por la incapacidad legal de las partes para firmar un contrato.
La regidora Mirna Puertos dijo que en la administración de Hugo Fernández, en la que Antonio Domínguez fue Síndico, se hizo un estudio de la recicladora, por lo que teme que sólo sea un “refrito”, además de que en la pasada administración se hizo un estudio en el que no se gastó ni un sólo centavo del presupuesto del Ayuntamiento.
SofÌa Dorantes Chávez
El Buen Tono
