México.- A poco más de dos meses del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto intenta infructuosamente cerrar ese
capítulo de barbarie que ya marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejan de exigir justicia.
“No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los
normalistas.
Los esfuerzos del Gobierno federal por dejar atrás la tragedia empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”.
En la última quincena de noviembre, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos
Humanos, a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
La pretensión de la funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado maltrecha la imagen del Presidente de la República.
