Veracruz.- A mil días de perpetrado, el homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, permanece impune.
La madrugada del 28 de abril de 2012, la periodista fue asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz.
Murió asfixiada.
El Gobierno de Javier Duarte sostiene que el móvil fue el robo, pero con características de crimen pasional. A casi tres años de ocurrido, no ha podido encontrar al que señala como el principal responsable, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho.
Sólo tiene en prisión a Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, un analfabeta seropositivo al que responsabiliza de haber auxiliado al principal asesino.
El caso está lejos de resolverse. Silva Hernández, quien asegura que para inculparse fue torturado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aún tiene el recurso del amparo en contra de la resolución judicial que lo
regresó a prisión.
Silva Hernández había sido exonerado en agosto de 2013 por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por considerar que la Procuraduría estatal violó el debido proceso y los derechos fundamentales, al acusarlo sin pruebas directas como corresponsable del homicidio.
La versión del Gobierno de Duarte es que la periodista era novia de El Jarocho, un delincuente con problemas de adicción y dedicado a la prostitución. Sostiene que Regina les fue a comprar cervezas la noche del viernes 27 de abril y que en las primeras horas del sábado 28 discutieron porque supuestamente ella le reclamó que no
la visitaba.
El Jarocho la comenzó a golpear y la asfixió, con la presunta asistencia de Hernández Silva. Luego, sacaron objetos de la periodista. Pero Hernández Silva asegura que agentes de la PGJE lo obligaron a contar esa historia.
Con esa versión, la Procuraduría de Veracruz evitó investigar si la muerte de la reportera estuvo vinculada con su trabajo
periodístico.
En primera instancia, Silva Hernández había sido condenado a 38 años y dos meses de prisión por la entonces juez Tercero de Primera Instancia, Beatriz Rivera Hernández, quien había avalado en su totalidad la versión de la PGJE.
La juez emitió su sentencia el 2 de noviembre de 2012, dos días después de que la Procuraduría le remitiera al acusado. En septiembre del año pasado, a propuesta de Duarte fue designada magistrada
del TSJE.
Pero por decisión del Tribunal Superior, Silva Hernández fue exonerado en agosto de 2013 del asesinato y sólo acusado de robo.
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