Aunque hasta hoy el gobierno del país de la muralla no ha cuantificado su reclamo, las advertencias son cada vez más impositivas y de mayor apremio.
Si la cancillería oriental señaló que espera que el gobierno mexicano gestione los asuntos subsiguientes y garantice los derechos e intereses legales de las empresas chinas con medidas concretas, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma fue más lejos.
La instancia reputada como la principal agencia de planificación de la nación del Extremo Oriente, habló de “lidiar de manera adecuada con la enorme mano de obra y dinero que las empresas chinas invirtieron en la licitación del proyecto”.
Los expedientes que se habían cerrado ante la promesa de México de reponer la licitación sobre las mismas bases, es decir que las empresas participantes consiguieran el 85% de financiamiento del costo de la obra, cuya amortización se realizaría con la operación de ésta, se están
volviendo a abrir.
Como se recordará, tres días después de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes le había levantado la mano a la firma china se canceló la licitación en medio de un ambiente enrarecido por la revelación de que una de las empresas participantes en el consorcio, el Grupo Higa, había construido y financiado una mansión cuya propiedad se le adjudicó a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.
El costo de ésta se calculó en 5 millones de dólares. El escándalo estalló en plena gira del ejecutivo por el país asiático, lo que obligó a convocar con urgencia al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien debió quedarse varios días y lidiar con las reclamaciones.
En aquel entonces los chinos hablaban de presencia en el país desde hacía algunos meses de un grupo de 100 ingenieros para trabajar
en el proyecto.
En paralelo, se hablaba de distraer otros proyectos internacionales para concentrarse en el de México que le abriría la puerta hacia
América Latina.
La carta exhibida presumía de ser la única empresa en el mundo que había participado en la construcción a corto plazo de 10 trenes de alta velocidad en su país.
El proyecto hablaba de utilizar las vías de Buenavista a Huehuetoca, para de ahí abrir un nuevo trazo de cara a la posibilidad de desarrollar velocidades de 260 a 300 kilómetros por hora, sin posibilidad de estaciones intermedias. El recorrido se haría
en 50 minutos.
El costo por boleto sería de 350 pesos, con la novedad de que el gobierno mexicano subsidiaría otro tanto.
El caso es que si los chinos no tienen opción de pelea frente a la suspensión de la segunda licitación, dada la incapacidad del gobierno de garantizar el subsidio y cubrir la parte que le tocaba de financiamiento, la lucha se centrará en la primera acción.
De acuerdo al secretario de Comunicaciones y Transportes, la decisión la tomó el presidente Peña Nieto a solicitud suya. No hubo constancia escrita dado que el caso se trató en una audiencia previamente concertada.
Lo extraño del asunto es que minutos antes de llegar a Los Pinos el funcionario había realizado una defensa férrea ante comisiones de la Cámara de Diputados de lo que calificaba de “transparencia y legalidad del concurso”.
Como usted sabe, aunque había 17 postores en la mesa, 16 de ellos le pidieron tiempo a la dependencia para cubrir el registro del financiamiento, lo que se les negó.
El consorcio encabezado por Railway llegó en calidad de postor único.
El escándalo apenas empieza.
Balance general. De acuerdo a la ruta crítica prevista, durante el próximo marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá hacer público el resultado de la investigación iniciada hace 10 meses sobre el peso de Televisa en el renglón de
televisión de paga.
De resultar positiva la indagación, la firma de Emilio Azcárraga Jean se le ubicaría como preponderante, lo que obligará a una regulación especial.
El agravante es que el calificativo se le aplica ya como proveedora de televisión abierta.
La empresa hegemónica de televisión satelital con su subsidiaria Sky, ha adquirido una serie de empresas de televisión por cable.
Con una de sus adquisiciones, Cablemás, la televisora se encuentra en problemas, en este caso con la Comisión Federal de Competencia Economica, quien le acaba de ganar un juicio que le permitió dejar en firme una multa por 53.8 millones de pesos.
La instancia había condicionado la autorización para la adquisición a la que se integró también TVI, era que en el Consejo de Administración de Televisa no participaron personas que fueran accionistas directas e indirectas de concesionarias de telecomunicaciones, ni directivos o
administradores de éstas.
El caso es que la Cofeco encontró
cuatro casos.
El problema es que de darse una reincidencia la multa crecerá al infinito.
Casa Blanca a la Corte. Colocada en la mesa una solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria por parte del abogado Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez, director del organismo denominado Articulo 19, para hacer pública la declaración fiscal del 2011, año del primer pago por la Casa Blanca, de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, éste la rechazo, amparándose en el secreto tributario.
Sin embargo, los solicitantes están planteando recurrir a un amparo, que podría llegar hasta la Suprema Corte.
Originalmente el SAT había señalado que no era autoridad competente en un escenario en que de primera mano se había planteado transparentar la declaración patrimonial de la dama.
Como usted sabe, al no ser ésta oficialmente funcionaria pública no tiene obligación de cubrir el requisito ante la Secretaria de la Función Pública.
Derechos de autor. Finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones se lavó las manos de cara a la exigencia de Televisa y Televisión Azteca de que las empresas de televisión de paga que accedieron al llamado must carry y must offer, es decir la cesión de la señal de los canales abiertos que transmiten a nivel nacional, paguen regalías por
derechos de autor.
En el criterio a la instancia, la exigencia corresponde a la Secretaria de Educación Pública, de la que depende la Dirección general de Derechos de Autor.
De acuerdo a las reformas a la Constitución realizadas, la obligación de ceder la señal sería a título gratuito.
Las empresas Axtel y Dish, principales firmas ajenas a Televisa, habrían rechazado la posibilidad de pagar derecho alguno, alegando que la posibilidad de transmitir los canales de televisión abierta no les arrienda ganancias.
Sin embargo, una y otra anunciaron profusamente la transmisión en
su momento.
Al mérito docente. En una ceremonia oficial celebrada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente de Consultores Internacionales, Julio Millán Bojalil, recibió la Condecoración al Mérito Docente.
La distinción solo se le ha otorgado a tres civiles, entre ellos el abogado Juan Velázquez. La cédula reconoce la amplia capacidad profesional y perseverancia como docentes del Colegio de la Defensa Nacional de los premiados.
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