El caso Ayotzinapa, uno de los episodios más dolorosos y controversiales de la historia reciente en México, ha sumado un nuevo giro judicial. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó dejar sin efecto la vinculación a proceso contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la Unidad Antisecuestros de la extinta PGR, quien enfrenta señalamientos por desaparición forzada y tortura.
Por unanimidad, los magistrados determinaron que, si bien existen indicios de la posible participación del exfuncionario en dichos delitos, hay un elemento legal clave a su favor: la liberación de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo —presunto integrante del cártel Guerreros Unidos—, ocurrió tres días después de su detención. Este dato podría implicar que el delito de desaparición forzada ha prescrito, conforme al artículo 215-B del Código Penal Federal.
Ante esto, el tribunal instruyó la celebración de una nueva audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Ramírez Gutiérrez deberán debatir si, en efecto, el caso se encuentra fuera de los márgenes legales para su persecución penal.
Además, la resolución revoca el fallo previo del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, que había negado un amparo al exservidor público, y ordena al juez de control del Reclusorio Sur anular la vinculación a proceso dictada el 1 de julio de 2023.
Sin embargo, esta decisión no implica la libertad inmediata del acusado. El tribunal también avaló la medida de prisión preventiva justificada, argumentando que Ramírez Gutiérrez no mostró disposición para someterse voluntariamente al proceso penal, al desobedecer citatorios judiciales anteriores. Un juez federal ya había rechazado modificar esta medida en marzo pasado, por lo que el exfuncionario permanecerá en prisión mientras se resuelve su situación jurídica.
En el expediente judicial se señala que Ramírez Gutiérrez, cuando encabezaba la SEIDO, habría mantenido detenido de manera irregular a El Cepillo durante la madrugada del 16 de enero de 2015. Durante ese tiempo, se habrían cometido actos de tortura física y psicológica para forzarlo a autoinculparse en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Este revés judicial plantea nuevas interrogantes en torno al proceso penal del caso Ayotzinapa, un expediente que sigue siendo motivo de exigencia social por verdad, justicia y castigo a los responsables.
