AGENCIA
La Paz, BCS.- Renunciar a un trabajo es una decisión común, pero Rosalva Cuadras López, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, llevó esta idea al extremo al autoliquidarse ilegalmente con casi 1.8 millones de pesos en 2023, según confirmaron autoridades estatales y medios nacionales.
Cuadras López formó parte del gabinete del exgobernador panista Carlos Mendoza Davis. Durante una revisión de documentación, la Fiscalía Estatal Anticorrupción descubrió que la exfuncionaria había ordenado, autorizado y cobrado un pago de finiquito por un millón 718 mil 212.73 pesos, sin tener derecho a ello.
Tras la apertura de una carpeta de investigación, la fiscalía recabó pruebas documentales, periciales y testimoniales que sustentaron las acusaciones en su contra. El pasado 30 de abril, el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del partido judicial de La Paz dictó un fallo condenatorio en su contra.
El fiscal estatal anticorrupción, Ortíz Amao, detalló que esta semana se celebrará una audiencia para determinar las sanciones que Cuadras López deberá cumplir, incluyendo la reparación del daño.
Este caso marca el primer juicio con sentencia condenatoria logrado por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur. El fiscal señaló que una de las claves para avanzar en el proceso fue que Cuadras perdió el fuero tras su autoliquidación.
La fiscalía también investiga a otros exfuncionarios, incluida la diputada local Alondra Torres García, del Partido del Trabajo (PT), quien enfrenta acusaciones por abuso de autoridad durante su gestión como síndica en el municipio de Los Cabos.
A Torres se le señala por haber autorizado, junto al entonces secretario general Ariel Castro Cárdenas, un pago de 14 millones de pesos a una empresa de intermediación financiera para un préstamo que nunca se concretó.
No obstante, el Congreso del Estado, con mayoría de Morena y aliados, decidió en sesión cerrada no proceder con el juicio de desafuero, lo que ha impedido que el caso avance judicialmente.
